"CAPÓN, CARLO A. Y OTRO C/ AERO­LÍNEAS ARGENTINAS S.A." Sala II, Causa del 8.6.95

Transporte aeronáutico de Pasajeros: Overbooking: Su procedencia.


El Fallo revoca la Sentencia de Primera Ins­tancia que había rechazado la demanda, legi­timando el reclamo de las personas que no pueden embarcar por sobrevenía de pasajes.

CNCiv. y Com Fed., sala II, junio 8-1995.—Capón, Carlos A. y otro c. Aerolíneas Argentinas, S.A. s/daños y perjuicios varios.

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de ju­nio de mil novecientos noventa y cinco, reuni­dos en acuerdo los señores jueces de la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: «Capón, Carlos A. y otro c. Aerolíneas Argentinas S A. s/daños y perjuicios varios», respecto de la sentencia de fs. 221/222, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sen­tencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: seño­res jueces de Cámara doctores Pablo Gallegos Fedriani, Eduardo Vocos Conesa y Marina Mariani de Vidal.

A la cuestión planteada, el señor juez de Cámara doctor Pablo Gallegos Fedriani dijo:

I. — Que por sentencia de fs. 221/222 el juez de la anterior instancia rechazó la demanda promovida por Laura Antonia Márchese de Ca­pón y Carlos A. Capón contra Aerolíneas Ar­gentinas S.A., con costas.

Para así decidir, el juez entendió que el coactor Carlos A. Capón carecía de razón para litigar por no haber sido pasajero de la deman­dada.

En cuanto a la actora Laura Antonia Már­chese de Capón el Sr. Magistrado tuvo por


acreditado que la Sra. Marehese de Capón no pudo abordar en Barajas el avión de Aerolí­neas Argentinas, vuelo AR 111 del 4/8/ 92 con destino a Ezeiza por la sobreventa exis­tente- por lo que su billete le fue endosado a la compañía Iberia, vuelo 6901 del día 6 del mis­mo mes y año.

En cuanto al nudo de la cuestión en disputa (incumplimiento por parte de la línea aérea de las obligaciones a su cargo o no), entendió el juez de la anterior instancia que: «...la acciona­da en la especie se ajustó a las normas vigentes en la materia, por lo que ningún agravio se le ha inferido a la pasajera codemandante».

 

II. — Que sólo ha expresado agravios con­tra el pronunciamiento la coactora Laura Már­chese, los que no han sido contestados por la contraria.

Que respecto al tema en cuestión (pasaje­ro: que al tiempo de abordar un avión con reserva confirmada no puede hacerlo y debe esperar otro vuelo) la doctrina suele distin­guir entre oversale y overbooking. El primero es una práctica moderada que consiste en la venta de un número de billetes en cantidad superior a la disponibilidad de plazas de la aeronave, lo que no significa aceptar com­promiso alguno en cuanto al transporte de aquellas que exceden tales plazas. En este caso las personas en exceso integran lo que comúnmente se denomina «lista de espera».

El segundo tiene lugar cuando se confir­ma para un vuelo determinado una cantidad de reservas o de asientos superior al de la ca­pacidad de la aeronave (conf. Griselda Capaldo de Nolfi, «Un enfoque más sobre el overbooking en el transporte aéreo»; ED, 136-891/894).

Agrega la citada autora que: «No pueden pasarse por alto las condiciones generales de transporte —IATA que se conjugan perfec­tamente con este tema, a saber los arts. VII— párr. l.b y XVII—párr. 3i y la reco­mendación 1799 que ha suprimido el límite indemnizatorío por pasajero para los casos de denied boarding compensation con el fin de estimular a las compañías a mostrarse más favorables en las distintas situacio­nes..."

Y continúa: "Tratándose de un periplo internacional se aplicarán los Convenios es­pecíficos cuando la responsabilidad del transportista sea la comprometida. Como ya lo señala el Dr. Videla Escalada en su obra, El sistema Varsovia, La Haya guarda silen­cio sobre el monto a pagar por el retraso. De las muchas soluciones propuestas adheri­mos a la sugerida por el distinguido jurista que aplica para el retraso en el transporte del pasajeros los límites previstos en el art. 2 del mencionado convenio, por aplicación de la pauta dada por el art. 24, quedando en manos del juez la menuda tarea de estimar plafond en cuánto se perjudicó al viajero», (conf. Capaldo de Nolfi, ob. cit).

Que, el Dr. Adolfo Roberto Vázquez, Vo­cal I de la sala III de esta Cámara, en su vo­to en la causa 5483/92 de fecha 22/11/1992 ha dicho: «Que según surge de las presentes actuaciones, dicha imposibilidad de viajar, con los pasajes ya previamente reconfirma-dos... en el día y hora estipulados se debió a que el pasaje estaba colmado por la existen­cia de sobrevenía de pasajes o de overbooking... Lo expuesto lleva a definir la conduc­ta de la empresa transportadora como de in­cumplimiento contractual, siendo irrelevan­te a este solo efecto, el análisis de la determi­nación de la ocurrencia de overbooking o so­brevenía, en la medida en que no habiéndo­se demostrado una causal eximente de la inejecución del contrato de transporte aéreo de pasajeros, sus consecuencias patrimonia­les pesan sobre la obligada en forma ineludi­ble (CNCiv. y Com. Fed. abril 23-1969, ED, 28-429, ídem sala III, 11-11-81, ED, 98-216 y


muy recientemente esta misma sala en la causa «Rodríguez Santorum c. TAP" del 21-12-92)... Lo hasta aquí expuesto autoriza a presumir un supuesto de overbooking o so­brevenía de pasajes, circunstancias que cabe señalar como un agravante del incumpli­miento contractual verificado. La jurispru­dencia internacional ha juzgado severamen­te esta práctica estructurando su criterio so­bre la base del llamado bumping o rebote — situación esta que consiste en impedir em­barcarse a una persona con pasaje— enten­diéndose que constituía una práctica discri­minatoria inaceptable...".

Y concluyó el citado Magistrado: «Que, en síntesis, la transportista incumplió con obligación de obrar con la debida diligencia, obligación de medio que le esta impuesta conforme la figura típica en la que enmarca el contrato de transporte aeronáutico (conf Malbrán, Manuel, «El principio de Respon­sabilidad en la Convención de Varsovia», en­trevista de Jurisprudencia Argentina del 12-9-53, cit. por Rodríguez Jurado A., «Teoría y práctica del Derecho Aeronáutico», 1.1, p. 234: esta sala causa N° 8513 del 21/12/92).

En conclusión, en supuestos como el de autos, no puede asegurarse (como lo hace el a quo) que no ha existido conducta impropia de la transportadora.

Por el contrario, ha existido un incumpli­miento contractual, por lo que debe reparar los daños causados.

III. —Que sobre el punto, la coactora intro­duce al tiempo de expresar agravios cuestiones que no formaron parte de la litis, como son las condiciones que debió soportar por su estadía en Madrid a la espera de otro vuelo. En efecto, al tiempo de promover la acción la Sra. de Ca­pón sólo pretendió la indemnización del daño moral y del daño material consistente en la de­satención de su estudio jurídico, por lo que no corresponde el tratamiento por este Tribunal de los agravios referentes a las condiciones de alo­jamiento en España.

Que pretende también la actora que la acti­tud de la demandada ha sido maliciosa y te­meraria.

Sobre el punto cabe precisar que de la prue­ba producida no surge que tal conducta pueda serle imputable a Aerolíneas Argentinas especí­ficamente, toda vez que, como lo pone de relie­ve Capaldo de Nolfi en el trabajo citado, exis­ten varios supuestos de overbooking en los cua­les tal sobrevenía no es producto de la actividad de la transportista (v. gr. confirmación del agen­te de viaje a su cliente sin contar con la confor­midad del transportista).

En síntesis, se trata de un supuesto de in­cumplimiento contractual, debiendo responder por las consecuencias inmediatas y necesarias de tal obrar (art. 520, cód. civil)

Toda vez que no existe prueba concreta (con excepción de la declaración testimonia de fs. 155 y vta. de una dependiente de la actora), en los términos del art. 165 del Cód. procesal estimo equitativo fijar como monto por el daño material (retraso de dos días en un país extran­jero sin poder ejercer su profesión liberal) en la suma de doscientos pesos.

En cuanto al daño moral resulta evidente que la imposibilidad de viajar en el tiempo y fecha previstos, y deber quedarse en un país ex­tranjero contra su voluntad han debido producir en el ánimo de la actora una zozobra perturba­dora del sosiego espiritual (conf. esta sala causa 6431 del 10/3/89; 8479/92 del 24/2/95).

En tales términos, dentro de las dificultades que existen para trasladar a moneda un daño de naturaleza no patrimonial, mas considerando que su indemnización tiene carácter pecuniario (art. 522, Cód civil) y finalidad principalmente resarcitoria (causa 4412 del 1/4/77 y muchas posteriores), estimo razonable fijar por tal con­cepto la suma de seiscientos pesos.

Por ello es que corresponde revocar la sen­tencia de fs. 221/222, haciendo lugar a la de­manda promovida por Laura Márchese de Ca­pón contra Aerolíneas Argentinas S.A., conde­nando a esta última a pagarle a la actora —den­tro del plazo de diez días— la suma de ocho­cientos pesos con más sus intereses, los que de­berán calcularse a la tasa pasiva que fija el art. 10, 28 parte, del decreto 941/91 [EDLA, 1991503] desde la fecha de la notificación de la demanda y hasta el efectivo pago. Adviértese que la nota del 5/8192 (fs. 4) careció de virtua­lidad moratoria tanto porque no contiene un re­querimiento específico de pago como porque, en todo caso, el daño denunciado supera noto­riamente al reconocido en este voto, de manera que no sería «apropiado» en cuanto al objeto.

Las costas de ambas instancias deben ser impuestas a la demandada en un 65% —ya que es vencida en el tema central de la responsabili­dad— y en el 35% a los actores (art. 71, Cód. procesal).

El señor juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa dijo:

I .—Adhiero a las conclusiones del voto de mi estimado colega doctor Gallegos Fedriani. Sólo me importa formular unas breves reflexio­nes sobre el tema atendiendo al alcance de la defensa opuesta en la contestación a la deman­da por la transportista aérea.

 

II.—Está probado, y no se discute, que la doctora Laura Marchase de Capón —con pasa­jes de regreso confirmado— no puedo abordar la aeronave que le correspondía por causa de haber incurrido la transportadora en «sobreventa» de pasajes. Ello obligó a la mencionada profesional a permanecer dos días más en Ma­drid y desatender el estudio jurídico que integra con su cónyuge; hecho que le significó daños material y moral cuya indemnización reclama en autos. E idéntico reclamo, en su condición de copropietario y titular del mencionado estu­dio, formuló el doctor Carlos A. Capón.

 

III.—El juez, no obstante reconocer que Aerolíneas Argentinas S.A. había incurrido — por razones de su propia conveniencia comer­cial— en la práctica de overbooking, decidió el rechazo de la demanda, toda vez que la compa­ñía de aviación habría cumplido sus obligacio­nes al suministrar al pasajero la posibilidad de viajar en la próxima aeronave en la que dispo­nía de espacio, según así lo permite la regla­mentación vigente. Impuso el a quo las costas a los actores, destacando que el coactor Carlos A. Capón no justificó su interés en la demanda (confr. sentencia de fs. 221/222).

IV.La mencionada práctica denomina da habitualmente como overbooking respon­de, pura y exclusivamente, a los intereses co­merciales de la empresa de aeronavegación. Y puede en muchos casos, como en el sub examen significar una práctica de total des­consideración hacia el pasajero que tiene pasaje reservado. Lo que significa, dicho en otros términos, la adopción de un régimen —voluntariamente establecido— que es sus­ceptible de entrañar una inejecución del contrato, fruto de una práctica descomedida y voluntaria que tiñe a dicha inejecución de características dolosas obligacionalmente (art. 521, Cód. civil).

 

V. —En tales condiciones, la demandada debe responder por las consecuencias inme­diatas y mediatas relacionadas causalmente con el incumplimiento. Y esto justifica que se reconozca a la actora, en concepto de "chance" perdida, la suma de $ 200 como daño material y la de $ 600 como indemni­zación del daño moral (art. 522, Cód. civil)

 

VI.—Me importa añadir que la posibilidad que otorga la reglamentación a las empresas aéreas de ubicar al pasajero en otra aeronave o endosar el billete a otra empresa en el caso de que «no esté en condiciones de suministrar el espacio previamente confirmado» (art. 89, inc. b], cap. 7; confr, su texto a fs. 176) debe enten­derse condicionada a un hecho involuntario que le impida el cumplimiento exacto de las obligaciones contractuales asumidas y no, co­mo se decidió en primera instancia, como com­prensiva también de una inejecución voluntaria resuelta en función de conveniencias particula­res de la empresa, cuyo discrecional obrar en función de. sus intereses económicos viene a ser la razón del desconocimiento de los térmi­nos del contrato. Y es que no es de buena her­menéutica dar a la norma reglamentaria el al­cance de una dispensa obligacional que respon­de exclusivamente a los intereses comerciales del transportista y que implica una desatención inadmisible de los derechos del usuario vincu­lado por un contrato; vínculo este que, como es sabido, constituye ley para las partes (art. 1197, Cód. civil).

Por ello, y por las razones concordantes expuestas en el primer voto, propicio se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la de­manda incoada por la doctora Laura Márchese de Capón en los términos que propicia mi dis­tinguido colega preopinante. Con costas de am­bas instancias, dada la existencia de vencimien­to parcial y mutuo, en un 65% a la demandada —que es derrotada en el aspecto principal de la responsabilidad— y en el 35% restante a los actores (art. 71, Cód. procesal).

La señora juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, por razones análogas a las expuestas por sus colegas preopinantes —espe­cialmente a la calificación de dolosa que, res­pecto de la conducta de la transportista, formu­la el Dr. Vocos Conesa—, adhiere a las conclu­siones de sus votos.

Y Vistos: Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y se hace lugar parcialmente a la demanda, conde­nando a Aerolíneas Argentinas S.A. a pagarle a Laura Márchese de Capón —dentro del plazo de diez días— la suma de ochocientos pesos ($ 800), con intereses a la tasa pasiva promedio que contempla el art. 10, segunda parte, del de­creto 941/91 desde la notificación de la deman­da y hasta el pago. Impónese las costas de am­bas instancias en un 65% a la transportista y en el 35% a la parte actora (art. 71, Cód. proce­sal). De conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del Cód. procesal, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el honorario mínimo es­tablecido para un proceso de conocimiento (art. 8o de la ley 21.839 EDLA, 1978-290], con las modificaciones introducidas por el art. 12, inc. e], de la ley 24.432 [EDLA, 1995-A-57] y las etapas cumplidas en este sumario (art. 39, ley 21.893 cit), fijándose los honorarios de los le­trados de la parte actora y los del letrado apo­derado de la demandada. Por las tareas de alza­da, tomando como base el aludido honorario mínimo, regúlanse los honorarios de la doctora L. M. — letrada a causa propia— (art. 14 del arancel). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Pablo Gallegos Fedriani. Eduardo Vocos Conesa. Marina Mariani de Vidal.


 

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