"JUNCAL CÍA. DE SEGUROS S. A.

c/ CAR, ETC. BUQUE «AFRICAN HIGHWAY»"

SALA III, CAUSA DEL 19/03/02.

Transporte Marítimo: Prescripción:

Carta del liquidador tiene virtualidad interpelativa

aunque sea por una suma mayor.

Demanda en dólares no controvertida: condena en dólares.

Mora. Deudor constituido en mora y deudor interpelado. Prescripción. Suspensión. Carta documento. Transporte Marítimo. Responsabi­lidad de la transportista.

1)      Ia expresión "deudor constituido en mo­ra" que emplea el art. 3986 del Código Civil debe ser interpretada como equivalente a "deu­dor interpelado", pues la suspensión allí previs­ta es un efecto de la interpretación auténtica y no de la situación de mora.

2)  Ia carta documento cuya recepción fue expresamente reconocidaresultó hábil para suspender la prescripción, pues la adora for­muló a través de ella un reclamo categórico de pago al deudor, en forma clara y circunstancia­da, que demostraba su voluntad de mantener en pie su pretensión resarcitoria.

3)  Si bien el exceso en la interpelación, la priva de virtualidad moratoria en cuanto no se­ría apropiada respecto al objeto, la escasa dife­rencia en el reclamo extrajudicial, por el con­texto en que se dio, carece de entidad para pri­varlo de eficacia.

4)  El hecho de que la interpelación no hu­biese estado acompañada con la documenta­ción comercial no disminuye su eficacia suspen­siva de la prescripción.

5)  Si se emitieron "conocimientos limpios " y la autenticidad del acta de revisación conjunta no está en tela de juicio, el buque debe respon­der por los daños evidenciados a la descarga de la mercadería en tanto no acreditó causal exi­mente alguna.

La obligación fundamental del contrato de transporte marítimo es entregar en destino la partida en las mismas condiciones en que fui recibida en origen.

Segunda Instancia. Buenos Aires, 19 de marzo de 2002. El doctor Vocos Conesa dijo:

I.- El buque "African Highway", en el viaje concluido el 3 de diciembre de 1996, transporto desde Santos (Brasil) hasta Zarate-Campana (República Argentina) 1161 vehículos marca "Ford" (v. Conocimientos 085-104). A la des carga se realizó una revisada bilateral (acta nº 00089 —fs. 1032 y traducción de fs. 1033— de cuyo resultado se dejó detallada constancia en los anexos de fs. 1034, 1036, 1038 y 104fl traducidos a fs. 1035, 1037, 1039 y 1041, respectivamente.

Como las unidades transportadas presenta ron diversos daños (rayas, abolladuras, borda despintados y algunos faltantes), Juncal Compañía de Seguros Sociedad Anónima, indemnizó la consignataria y, subrogándose en sus derechos, promovió la demanda de autos contra el transportista marítimo reclamándole el reintegro de U$S 22.540, intereses y costas (fs. 1O1/103).

6)  Dicha pretensión fue resistida por la emplazada expresando que de la documentación adjunta no surgirían los daños alegados ni elementos para su tasación. Al margen de ello, opuso la excepción de prescripción (art. 293 de la Leí de la Navegación), toda vez que el buque des cargó el 3 de diciembre de 1996 y la mediación se concretó el 26 de mayo de 1998, es decir, vencido con exceso el plazo anual previsto en la citada norma..

Y para fundar la excepción aludida, el agen­te marítimo Amarsac —si bien reconoció haber recibido la interpelación efectuada por el liqui­dador de seguros, por carta documento del 28 de noviembre de 1997—, sostuvo que esa misiva carecía de idoneidad a los efectos suspensivos de la prescripción (art. 3986, segunda parte, del Cód. Civil): Io) porque fue enviada por el liqui­dador de seguros y no por el acreedor; 2o) por­que la carta documento no fue acompañada con la documentación referida al embarque; y 3o) porque intimaba el pago de una suma superior a la reclamada en la demanda (U$S 27.273,40 — ver fs. 58—, en vez de U$S 22.540).

II.- El magistrado de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 1064/1066, consideró que la carta documento del 28 de noviembre de 1997 (original en sobre aparte, fs. 92) carecía de virtualidad moratoria al ser el monto intimado mayor que el que se demandaba en autos.

Por ello, computando las fechas de arribo de la nave (3 de diciembre de 1996) y la de la me­diación (26 de mayo de 1998), juzgó que la ac­ción se hallaba definitivamente perjudicada por la prescripción (art. 293, Ley 20.094), por lo que rechazó la demanda, con costas.

Apeló la vencida (fs. 1068) y expresó agra­vios a fs. 1114/1121, contestados a fs. 1123/ 1125. Median, además, recursos por honorarios (cfr. fs. 1068 y vta., 1072, 1073 y 1104), los que —llegado el caso— serán examinados por la Sala en conjunto al finalizar el presente acuerdo.

III.- Las quejas de la actora se dirigen con­tra la interpretación realizada en primera instan­cia acerca de la falta de aptitud de la carta docu­mento de fs. 58 para suspender el curso de la prescripción (art. 3989, 2a parte. Código Civil). Manifiesta, al respecto, que el precepto contem­pla en acto expreso de acreedor que tenga por objeto mantener vivo su derecho y permita al deudor conocer el alcance y contenido categóri­co del reclamo que se le formula; requisitos és­tos que la apelante estima se hallan satisfechos con la constitución en mora del 28 de noviem­bre de 1997 (fs. 58). Desarrolla, asimismo, otros argumentos tendientes a restar importancia a la diferencia entre la suma intimada y la demandada en el sub examen, precisando —por un lado— que la accionada conocía perfecta­mente el origen de esa diferencia y —por otro— que la fijación del resarcimiento exacto depen­día finalmente de la discrecionalidad judicial, por lo que la demanda fue supeditada a lo que en más o en menos resultare de la prueba.

IV.- Conviene recordar, ante todo, que la ex­presión "deudor constituido en mora " que em­plea el art. 3986 del Código Civil debe ser inter­pretada como equivalente a "deudor interpela­do": pues la suspensión allí prevista es un efec­to de la interpelación auténtica y no de la situa­ción de mora (que, v.gr., puede ser automática y no tendría como es obvio el efecto suspensivo que nos ocupa).

Así lo han resuelto las tres Salas de esta Cá­mara (cfr. Sala I, causa 4565 del 10 de abril de 2001 —DJ, 2001-3-661—; Sala II, causa 4822 del 9 de noviembre de 1976; Sala III, causa 5803/98 del 9 de agosto de 2001; ver también, G. A. Borda: "La reforma del Código Civil. Prescripción", en "El Derecho", 29, 723). A lo que no encuentro superfluo añadir que la "for­ma auténtica" que menciona el art. 3986 en una exigencia vinculada con la prueba de la interpe­lación, de modo de aventar toda duda sobre su veracidad y fecha (cfr. E. C. Wayar: "Traslado de la mora", en "El Derecho", 105, 618).

Conforme con lo expuesto, la carta docu­mento de fs. 58 —remitida por el liquidador de seguros Pousa Pasulli Deak y Cía. S. A. al agen­te marítimo el 28 de noviembre de 1997—, cu­ya recepción fue expresamente reconocida en la contestación a la demanda (ver fs. 126 vta.), re­sultó hábil —en principio— como medio para suspender el plazo prescriptivo, ya que a través de ella la actora formuló un reclamo categórico de pago al deudor, en forma clara y circunstan­ciada, que demostraba su voluntad de mantener en pie su pretensión resarcitoria. Cabiendo adu­nar que no disminuía su eficiencia, en absoluto, como ha sido pretendido por la demandada el hecho de que la interpelación no hubiese estado acompañada con la documentación comercial, desde que no hay precepto legal alguno que im ponga dicho recaudo.

Dije que la interpelación de fs. 58 fue eficaz "como principio" a los efectos del artículo 3986, 2a parte, del Código Civil; ello, en razón de que tal eficacia le fue negada por el buque y el juez con motivo de intimar el pago de U$S 27.273,40 en tanto lo demandado en el juicio tan sólo alcanza a U$S 22.540. El exceso en la interpelación, según determinada jurisprudencia y doctrina, la priva de virtualidad moratoria en cuanto no sería apropiada respecto al objeto.

La solución dista, y mucho, de ser absoluta. Depende de las circunstancias de hecho y de la justicia del resultado de la interpretación y valo­ración de esas circunstancias. Y en el caso, re­sulta claro que la diferencia en el reclamo extra-judicial careció de entidad, por el contexto en que se dio, para privar de idoneidad a la interpe­lación dirigida por el liquidador de seguros a la agencia marítima el 28 de noviembre de 1997.

Señalo, en ese sentido, que el apuntado exce­so se sitúa en el orden del 21%, de manera que si bien no se trata de una cantidad desdeñable tampoco constituye una diferencia exorbitante.

Y un porcentaje de esa envergadura puede ser explicable —y en nada disminuye los dere­chos del deudor— cuando, como en el caso ocu­rre, la fijación del resarcimiento queda librada —por su propia naturaleza— a la discrecionalidad judicial y requiere la colaboración pericial técnica. Por lo demás, estaba al alcance del de­mandado poner a disposición del acreedor lo que él estimara justo y no proceder a negar la responsabilidad del daño causado.

Mas, me parece decisivo para declarar inad­misible la defensa el hecho de que el transpor­tista (o su representante "ex lege") sabía a cien­cia cierta la razón que motivaba la diferencia en­tre el monto intimado por carta documento y el "quantum " reclamado en autos. Toda la docu­mentación, y particularmente la liquidación de averías, es clarísima en ese sentido. En la inter­pelación extrajudicial —y eso salta a la vista en la liquidación de averías de fs. 63/65, de la que se adjuntó copia con el traslado de la deman­da— se incluyó el 21 % de la alícuota del I.V.A., en tanto que —suprimido el gravamen— la ci­fra exacta reclamable coincide totalmente con la pretendida en el escrito inicial. Y bien sabía la agencia marítima que, llevado el caso a los tri­bunales, la actora debería excluir el monto del tributo, conforme con la jurisprudencia obliga­toria en el fuero (cfr. fallo plenario "Gioffre. Carbone y Cía c/ Bq. Cabo Santa Ana", del 7 de junio de 1990 —"La Ley", 1990-D, 88— art. 303 del Código Procesal).

Valorando que el deudor no ignoraba el mo­tivo de la diferencia apuntada y que ésta, en su­ma, no significaba mengua alguna para el ejer­cicio de sus derechos no es admisible sostener que la interpelación —que demostró la voluntad del acreedor de defender la vigencia de su dere­cho— no satisfizo sus fines propios, por cuanto ello significaría caer en exceso ritual que mal se aviene con la justicia del resultado de la inter­pretación. Y afirmo que la intimación del 28 de noviembre de 1997 fue idónea a los efectos del art. 3986, 2a parte, del Código Civil por cuanto, con los detalles suficientes, le permitió a los ti­tulares del Buque "African Highway" tener con­ciencia cabal de que el consignatario no estaba conforme con el cumplimiento del contrato de transporte y que se consideraba acreedor del transportador marítimo por daños causados a los vehículos confiados a su custodia y traslado, co­mo así también del monto aproximado —que. reitero, dependería a la postre del arbitrio judi­cial— que podía serle demandado ante los tribu­nales de justicia.

En síntesis, la interpelación cuestionada no creó una situación de incertidumbre sobre los derechos y obligaciones de las partes sino que. por el contrario, aunque no definiera a aquellos con exactitud, cumplió la finalidad de anoticiar al deudor acerca de las consecuencias del trans­porte cumplido en el viaje que finalizó en Cam­pana-Zarate el 3 de diciembre de 1996.

Siendo ello así, y ponderando que el institu­to de la prescripción es de interpretación restric­tiva y que los actos deben ser valorados, en tan­to no traspasen las fronteras de la razonabilidad. en favor de mantener la subsistencia del dere­cho, juzgo que —en las circunstancias que espe­cifican el caso— la prescripción decretada en primera instancia debe ser revocada, habida cuenta de que la interpelación de fs. 58 tuvo virtualidad suspensiva del plazo contemplado en el art. 293 de la Ley de la Navegación.

Para concluir con este tema, agregaré un par de breves reflexiones:

a)   que el hecho de que la interpelación fuese librada por el liquidador de seguros —hecho que es costumbre en plaza, según se desprende de fs. 917, 950 y 956— no obsta a su validez y eficacia para suspender la prescripción en bene­ficio de su mandante, encontrando sustento le­gal esta prerrogativa en las normas que regulan la gestión de negocios (cfr. Sala II, causas: 6930 del 6 de junio de 1978; 2848 del 29 de junio de 1984; 5322 del 10 de noviembre de 1987 — "La Ley", 1989-E, 586—; Sala I, causa 5890 del 31 de mayo de 1977; cfr. asimismo, L. Segovia: "El Código Civil de la República Argentina con la expresión y crítica bajo la forma de notas", Bs. As., 1881, t. II, pág. 717; A. G. Spota: "Trat. de Den Civil", 1.1, "Parte General. Prescripción y Caducidad", Bs. As., 1968, pág. 367);

b)  que el argumento ensayado en la contes­tación de agravios, acerca de que la interpela­ción de fs. 58 en inhábil por estar dirigida en forma personal al agente marítimo, y no al transportista, resulta procesalmente inadmisi­ble, desde que el punto no fue propuesto al Juez de primera instancia en la contestación a la de­manda (cfr. fs. 125/127) y no puede ser, por tan­to, introducido directamente en la alzada (doc­trina del art. 277 del Código Procesal).

Propicio, pues, hacer lugar al agravio de la parte actora; rechazar la prescripción opuesta y, en consecuencia, revocar el fallo apelado.

Corresponde, por consiguiente, examinar los restantes temas que el "a quo" —por el sentido de su decisión— no abordó.

V.- La actora ha cumplido, a mi juicio, con la carga de acreditar los presupuestos fundantes de sus pretensiones (art. 377, Código Procesal).

En efecto, de las contestaciones de la causa surge que el navío recibió a bordo, para su trans­porte, 1161 vehículos marca "Ford" y con tal motivo emitió conocimientos de embarque lim­pios (cfr. fs. 66/86 del sobre reservado). Al pro­ceder a su descarga en destino, los rodados pre­sentaban ciertos daños (rayas, abolladuras, bor des despintados, faltantes), los que fueron veri­ficados en la revisación conjunta del cargamen­to —llevada a cabo el 16 de enero de 1997—, de la que se dejó constancia en el acta de fs. 87 y que se halla suscripta por el agente marítimo y un representante del consignatario. De los da­ños se dejó un específico detalle, vehículo por vehículo, en los anexos de fs. 1035, 1037, 1039 y 1041. En consecuencia, desde que la autenti­cidad del acta y sus anexos está fuera de discu­sión y el buque no acreditó causal alguna que lo exima de responder por los daños evidenciados a la descarga, ninguna duda puede caber relati­vamente a la responsabilidad que le incumbe por el incumplimiento del contrato de transpor­te marítimo, cuya obligación fundamental es en­tregar en destino la partida que se le confió en las mismas condiciones en que la recibió en ori­gen. Así las cosas, sólo resta determinar el monto de la condena, los intereses y el régimen de las costas, temas de los que paso a ocuparme a continuación.

VI.- Importa precisar que la actora, cuando presentó la demanda, lo hizo bajo el régimen de la ley de convertibilidad, esto es, cuando el dó­lar norteamericano era considerado en nuestro país moneda de curso legal. Podía, por tanto, formular su reclamo en esa divisa y si la deman­dada no planteaba artículo al respecto el tema no formaba parte de la controversia que los jue­ces deban resolver, debiendo dictar condena — para no apartarse de los términos de la litis— en la moneda en que fue puesta la demanda.

En autos, la compañía de seguros reclamó U$S 22.540 (ver fs. 101/103) y la demandada no hizo cuestión respecto de la moneda de pago (cfr. responde de fs. 125/127). Considero por tanto, como lo hemos resuelto en reiteradas oportunidades en la sala II, que no habiendo me­diado concreto debate sobre el tema el juez de­be dictar condena en la moneda reclamada y no objetada (arts. 34, inc. 4o y 163, inc. 6o del Có­digo Procesal).

Ello establecido, señalo que el perito inge­niero mecánico N. A. J. I. estimó, en su dicta­men técnico de fs. 1009/1016. Que el valor de las averías experimentadas por los vehículos transportados, según los precios mayoristas de plaza, alcanzaban la cantidad de U$S 24.789.

Dicho dictamen, según surge de sus térmi­nos, se basa en la compulsa y búsqueda de pre­cios según pautas contempladas en el art. 277 de la Ley de la Navegación y de la jurisprudencia de esta Cámara y, en mi criterio, luce una expli­cación clara y fundada de sus conclusiones, sin que la impugnación de fs. 1022/1023 —que se tuvo por desistida a fs. 1024— disminuyera su fuerza suasoria (art. 386 y 477 del Cód. Proa).

Agregaré, por abundar, que la demandada discute en aquel escrito de fs. 1022/1023 que el costo de las reparaciones debió ser inferior al in­formado por el experto, por cuanto éste reflejó valores unitarios de los arreglos de cada auto­motor. Es decir, no consideró que podía obte­nerse un mejor precio, por un lado, al tratarse de un número considerable de trabajos y, por otro, no tuvo en cuenta que si las reparaciones eran efectuadas en los talleres propios del consigna­tario lo razonable era conseguir costos menores.

El planteamiento no se halla desprovisto de alguna lógica pero no es suficiente para prescin­dir de una peritación técnica fundada. Porque, en definitiva, lo único que ha hecho la acciona­da es proponer o aportar un interrogante más no —como lo he puntualizado en una causa idénti­ca (cfr. Sala II, causa 6063 del 12 de octubre de 2000, "La Ley", 2001-B, 879) — una prueba idónea. Trátase tan solamente de arrojar a la causa una conjetura, la conjetura de conseguir —según los extremos que indica— mejores costos, pero conjetura no es prueba y no se pue­de apoyar una decisión judicial sobre hechos hi­potéticos o conjeturales.

Mentando que el actor solicita en sus agra­vios se haga lugar a sus pretensiones por el monto reclamado, cabe fijar la condena en la cantidad de U$S 22.540, que es inferior al va­lor de las averías determinado pericialmente (artículo 277 de la Ley 20.094); ello, en tanto ese monto no exceda el límite de responsabili­dad oportunamente invocado por la demandada.

VIL- El importe indicado devengará intere­ses, desde el 28 de noviembre de 1997, a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento en dólares esta-

dounidenses, hasta la cancelación de la deuda.

VIII.- De conformidad con el criterio obje­tivo del vencimiento o derrota adoptado por el Código Procesal en materia de costas (arts. 68, 69, 558) del que no encuentro motivos serios para apartarme, estimo justo que la demandada cargue con las costas de ambas instancias (art. 68, primer párrafo, del citado cuerpo legal).

Voto, pues, porque se rechace la prescripción del art. 293 de la Ley de la Navegación y, en consecuencia, se revoque la sentencia apelada, Y, en su lugar, se haga lugar a la demanda con­denando al Buque "African Highway" a pagar­le a la actora, dentro del plazo de diez días, la cantidad de veintidós mil quinientos cuarenta dólares estadounidenses (U$S 22.540), con más los intereses señalados en el considerando VII.-del primer voto y con las costas de ambas ins­tancias.

El doctor Farrell dijo:

Las particularidades del caso en examen me llevan a coincidir con el alcance que el doctor Vocos Conesa asigna a la carta documento de fs. 58, por lo cual —coincido, además, con sus res­tantes argumentos— adhiero al voto que antece­de. En mérito a lo deliberado y de las conclu­siones del acuerdo precedente, el Tribunal re­suelve: revocar la sentencia apelada y hacer lu­gar a la demanda condenando al Buque "Afri­can Highway" a pagarle a la actora, dentro del plazo de diez días, la cantidad de veintidós mil quinientos cuarenta dólares estadounidenses (U$S 22.540), con más los intereses señalados en el considerando VIL- del primer voto y con las costas de ambas instancias (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Determinado que fuere el monto por el que en definitiva progresa la demanda, por liquida­ción firme, el Tribunal efectuará las regulacio­nes correspondientes a ambas instancias (art 279 del Código Procesal).

El doctor de Francisco de las Carreras no suscribe la presente por hallarse en uso de licen­cia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Na­cional). Fdo.: Eduardo Vocos Conesa — Mar­tín D. Farrell