"LA TERRITORIAL DE SEGUROS, S.A. C/CAR, ETC. BUQUE "SIRIUS"

Sala I, Causa 26.053 del 26.10.95 - Transporte marítimo: Contenedores "house to house". Daños a tambores: culpa concurrente.


TRANSPORTE MARÍTIMO. Derrame de productos químicos que se hallaban dentro de tambores estabidos en contenedores. Modali­dad "house to house". Responsabilidad con­junta.

1.- En el transporte convenido con la mo­dalidad "house to house " el transportador no participa de la estiba de la carga dentro del contenedor. Si la causa del derrame de los productos químicos que se hallaban dentro de los contenedores hubiera sido causa de una defectuosa estiba, las consecuencias dañosas deben ser soportadas por el consignatario de la carga, en tanto que si ellas se debieran a un inadecuado trato del contenedor, la res­ponsabilidad le debería ser atribuida al trans­portador marítimo.

2- Si los elementos incorporados a la cau­sa permiten llegar a la conclusión de que am­bas partes contribuyeron a la producción del daño en el transporte "house to house", por cuanto los cuñetes no habían sido apilados apropiadamente por el consignatario en el contenedor, el que, por otro lado, llegó a des­tino con la observación de estar abollado y raspado, con una magnitud que afecta la inte­gridad estructural de la unidad de carga, co­rresponde distribuir la responsabilidad por partes iguales.

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de octubre de 1995, se reúnen en Acuerdo los jueces de la Sala 1 de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe. Conforme con el orden del sorteo efec­tuado, el juez Pérez Delgado dice:

1.  La sentencia de fs. 279/282 tuvo por acreditada la responsabilidad de la empresa transportista por el derrame o pérdida de la mercadería (productos químicos) que se trans­portó condicionada en un contenedor sobre esa base, la condenó a pagar la suma básica de A 17.792.171, con más la depreciación mone­taria, intereses y las costas del juicio.

Contra este pronunciamiento apeló la de­mandada, quien expresó agravios en el memo­rial de fs. 304.312 que la actora respondió a fs. 313/315.

2.  El núcleo de la controversia reside en establecer si el derrame de los productos quí­micos que se hallaban dentro de los tambores estibados en el contenedor se produjo como consecuencia del mal trato recibido por éste o bien por la inadecuada estiba de estos tam­bores.

     Esta decisión es importante porque se trata en este caso de un transporte convenido con la modalidad "house to house", de tal modo que como el transportador no participa en la estiba de carga dentro del contenedor (conf. esta Cá­mara, Sala 2, causas 6544, de 22-5-89 y 297/93, de 21-5-93, entre otras), si la causa del derrame hubiera sido una defectuosa esti­ba, las consecuencias dañosas deben ser so­portadas por el consignatario de la carga, en tanto que si ellas se debieran a un inadecuado trato del contenedor, la responsabilidad le de­bería ser atribuida al transportador marítimo.

Los elementos de juicio incorporados a la causa permiten llegar a la conclusión de que ambas partes contribuyeron a la pro­ducción del daño.

 

3. En efecto, partiendo de la base del dictamen del perito Battilana prescindo del anterior del Sr. Sánchez porque no respon­dió a las explicaciones y, por lo tanto, su trabajo quedó trunco- se puede llegar a la conclusión de que, tal como surge además de las fotografías tomadas al contenedor una vez abierto, los cuñetes que contenían el producto químico habían sido apilados sin "cortar" en altura la estiba con "pallets", para dar una mayor rigidez y firme­za a la carga (fs. 201, resp. Ira.), pudiéndo­se llegar a la conclusión de que no fueron acondicionados conforme a las usos y cos­tumbres (misma hoja, resp. 2º), tanto más si se tiene en cuenta que si quedan espacios libres, y a fin de evitar su desplazamientos dentro del contenedor, se hace necesario el trincado, el que no fue efectuado en el caso de autos (a fs. 202. resp. 6º).

Pero, por otro lado, se debe tener en cuenta que el contenedor llegó a destino con la observación de estar "abollado y ras­pado", en tanto que esa abolladura no pue­de ser calificada como una avería común, pues por su magnitud afecta la integridad estructural de la unidad de carga (ver ex­plicaciones de fs. 207/208) que no se puede atribuir al desplazamiento de los bidones dentro del contenedor (ver ampliación de las explicaciones a fs. 212).

Por aplicación de las reglas de la sana crítica considero que los fundamentos del peritaje reseñado son convincentes y se ajustan a los principios que allí se mencio­nan a los elementos de juicio con que se cuenta en autos, en particular, las fotogra­fías de fs. 151/157, cuya autenticidad no ha sido puesta en tela de juicio (arts. 386 y 476) Cód. Proc. Civil).

En este orden de ideas, entiendo que no es del mismo modo eficaz la declaración del li­quidador de averías Sr. Vivanco, pues se limi­ta a decir que la estiba dentro del contenedor era la habitual (ver fs. 252 y vta. respuestas 3ra. y 2da. ampliación), sin dar más precisio­nes. Y tampoco lo es el informe de fs. 230/231, en tanto proviene de la misma em­presa que consolidó la mercadería y, por lo tanto podría eventualmente hallar comprome­tida su responsabilidad; dejando de lado que tampoco pone de manifiesto detalles técnicos que permitan formar una convicción objetiva.

 

4. En las condiciones expuestas, entiendo que está debidamente probado que el daño se produjo por una inadecuada estiba de los tam­bores y por un mal trato del contenedor.

Por lo tanto, constituye una justa solu­ción del caso distribuir la responsabilidad en partes iguales, pues tanto la transportis­ta demandada, como la consignataria, han concurrido a la producción del daño y, en tales circunstancias, es apropiado que lo so­porten por mitades (conf. doctr. Corte Su­prema. Fallos 256:202); criterio que es par­ticularmente apropiado al supuesto de au­tos, puesto que, demostrado como está que ninguna se encuentra exenta de responsabi­lidad, no hay razones que justifiquen atri­buirla en mayor medida a una que a otra (conf. arts. 689. inc. 3 y 717 del Cód. Civil, esta Sala, sentencia de 4-12-84, publicada en JA. 1985-11-215, y sus citas).

 

5. Por lo tanto, la condena se debe dictar por la suma básica de $ 890, con más la de­preciación y los intereses establecidos en la sentencia apelada.

Sin embargo, se debe supeditar la determi­nación del monto final, a lo que resulte de la aplicación de la ley 24.283.

Así lo ha solicitado la demandada (fs. 310/311), sin objeciones de la actora en cuan­to a que se lo tenga en cuenta en la etapa de ejecución de sentencia (fs. 315).

Consecuentemente, una vez devueltos los autos a primera instancia se deberá poner en marcha el procedimiento regulado por esta Sala a partir del precedente de 24-5-94, en la causa 2957/94.

 

6. Sobre la base de las consideraciones ex­puestas, voto por la modificación de la senten­cia apelada y para que se haga lugar parcial­mente a la demanda, con el alcance precisado en esta voto y cono costas de ambas instan­cias por su orden y las comunes por mitades, habida cuenta del vencimiento parcial que se ha operado (arts. 68 y 71, Cód. Proc. Civil).

El señor juez Dr. Martín Diego Farrel ad­hiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusio­nes del Acuerdo precedente, el Tribunal RE­SUELVE: modificar la sentencia de fs. 279/282. En consecuencia, se hace lugar a la demanda parcialmente y se condena a Empre­sa Líneas Marítimas Argentinas S.A. a pagar a La Territorial de Seguros S.A. la suma de ochocientos noventa pesos ($890), con más la depreciación monetaria e intereses previstos en el pronunciamiento recurrido, supeditado a la aplicación de la ley 24.283.

Las costas de ambas instancias se impo­nen en el orden causado y las comunes por mitades.


Toda vez que se trata de un progreso par­cial de la acción, corresponde tomar como ba­se, a los efectos regulatorios, el total de lo re­clamado, de tal modo que o gravita a estos fi­nes lo que se pueda decidir en cuanto al mon­to de la condena en virtud de lo dispuesto en la citada ley.

Esta sala interpreta que ese criterio se debe mantener aún frente a las modificaciones que en materia de honorarios ha introducido la ley 24.432 al art. 505 del Cód. Civil, pus el "mon­to de la sentencia" a que alude el nuevo texto legal no es sinónimo de monto de la condena. Se debe entender que si se ha demandado por 100 y sólo se admite la acción por 50, el mon­to de la sentencia es 100, y a que el progreso parcial equivale a decidir que la acción se aco­ge por 50, y se rechaza por 50 (Conf. esta Sala causas 329/91 de 29-6-95 y 7568/92 de 3-10-95, entre otras).

El señor juez Dr. Francisco de las Carreras no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109, Regí, para la Justicia Nacional).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.