"PESCATEX S.A. C/AISA Y OTROS" - Sala I, Causa 3277/92 del  12.6.97

- Seguro y Transporte Marítimo: Irresponsabilidad del buque,

del asegurador del consignatario-actor, de la AGP, de la Aduana

y del Transportista terrestre por el transporte de puerto

a destino final. Cláusula muy importante.


En el presente caso, el actor pensando que seguramente de alguno iba a cobrar, de­mandó al transportista marítimo, a la Adua­na, ala AGP, a su asegurador y al transpor­tista terrestre que llevó la mercadería del puerto a depósito final.

Tal "abanico" de demandados, como dice la Cámara se cerró violentamente para el ac­tor ya que todas las demandadas fueron exo­neradas de responsabilidad, obviamente que cada una con diferente fundamentación.

Dentro de los rechazos destaco que la de­manda contra el asegurador se rechazó por el no cumplimiento de la llamada "cláusula muy importante", aclarándose que quien de­be mantener viva la acción contra los res­ponsables es el asegurado y no el liquidador de averías y que la propia actora en sus agravios reconoció que la citación de la aduana había sido "poco afortunada".

En Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio de 1997, se reúnen en Acuerdo los Se­ñores Jueces de la Sala 1 de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe con­forme con el orden del sorteo efectuado, el doctor Martín Diego Farrell dice:

La sentencia en recurso reseñó adecuada-mete las circunstancias del caso que. nos ocu­pa (fs. 1017/1027) por lo que a ella me remi­to en este aspecto, brevitatis causae.


Apeló la actoras expresando agravios a fs. 1075. Ellos fueron contestados por la asegu­radora a fs. 1106 y por el transportista maríti­mo afs. 1115.

El abanico al que correctamente se refirió el Señor Juez a fs. 1027 ha comenzado a ce­rrarse en el memorial de agravios. La recu­rrente, en efectos acepta ahora que "es posi­ble" que a la camionera no le quepa ninguna responsabilidad por los hechos de autos (fs. 1092), y que fue "poco afortunada" la cita­ción de la Aduana (misma foja). Pero, igual­mente, insiste la actora en sus pretensiones respecto del transportista marítimo, de la ase­guradora, y de la AGP. Creo que no le asiste razón en sus agravios y voy a considerar sepa­radamente los tres casos en cuestión.

a) El transportista marítimo: El Señor Juez rechazó el reclamo a su respecto basán­dose sustancialmente en tres motivos: 1) la ausencia de reclamos 2) el peso de los conte­nedores, y 3) la circunstancia de que las ave­rías provinieran de agua dulce.

Puede muy bien agregarse el hecho de que no se pudo comprobar fehacientemente el fal­ante, a tenor de la documentación agregada en autos. La actora menciona varios docu­mentos para intentar remediar este defecto. Pero, no creo que ellos sean útiles para sus fi­nes. Así, la confirmación de pedido de fs. 5/13 no puede emplearse para acreditar las pretensiones de la actora puesto que sólo des­cribe los lotes 1 y 2, mencionándolos como "telares de pinza propeller" más la fecha de entrega y el contenido de los lotes. Pero sin indicar la forma como se embalaban y trans­portaban. Existe una nota de empaque, como sostiene la recurrente, y se encuentra a fs. 36/50, pero tampoco tiene utilidad, al no indi­car la forma como se embaló la mercadería. Sirve para una cosa, sin embargo: permite cal­cular la diferencia entre el peso bruto y el neto de la mercadería, notablemente menor de lo que pretende la actora. En efecto: el peso bru­to alcanza a 95.090 kilos y el neto a 93.861 ki­los. Ni las facturas de fs. 51/61, ni las facturas pro-forma de fs. 433/34 permiten tampoco acreditar el faltante.

Agrego a ello que el conocimiento de fs. 397 establece la modalidad "house to house" y contiene la cláusula "shipper's load stowage and count". En un transporte de esta modalidad las cláusulas de reserva son válidas, puesto que el unitarizador es entre­gado al transportista cerrado y precintado por el cargador (confr. Sala II, causa 3121 del 16.7.96).

Al mismo tiempo, figura al dorso del co­nocimiento la cláusula 29, que contiene la exigencia de un aviso de reclamo por escri­to dentro de los veinte días posteriores a la fecha de la entrega de las  mercaderías la que no fue cumplida por la actora.

El Señor Juez restó importancia a la decla­ración del testigo Kogan debido a su relación con la actora, y esta cuestiona su decisión. Propongo, en cambio, que atendamos a esa declaración, que obra a fs. 385. Habla allí Ko­gan de una lista de elementos transportados que "tenía confeccionada por computadora", pero que no agrego en autos, y describe -sin precisión- contenedores abiertos y contenedo­res cerrados, así como lonas rotas, sin dar más detalles. Es imposible modificar la decisión de este caso en base a tales declaraciones, co­mo puede verse y tampoco es más preciso el testigo de fs 499 vuelta, que menciona un "gran revoltijo dentro de algunos contenedo­res", y "contenedores golpeados y con lonas rotas". No hay en estas declaraciones preci­sión alguna respecto de las presuntas averías o faltantes.

La mercadería de autos era de despacho directo (ver fs. 181). El despacho directo puede ser forzoso común, según se trate de mercaderías de verificación sencilla o de mercaderías que exigen un examen más de­tenido (confr González Lebrero, "Manual de Derecho de la Navegación", pág. 632". En este caso el despacho directo no era for­zoso, y el consignatario optó por él (testigo de fs., 836 vuelta). La notificación del arri­bo del buque fue cursada a fs. 172, y de nin­guna manera considero al informe de fs. 917 como una descalificación de ese acto, toda vez que no puede imputarse a la actora la falta de archivos de la empresa de correos. Este es otro motivo para atribuir a la con-signataria los riesgos de la mercadería lue­go de la descarga a plazoleta (confr. esta Sala, causa 839 del 293.94).

Por lo que hace a las presuntas averías, la carta de fs. 127 es muy precisa acerca de que no existía óxido de ambiente marino salitroso imputable a la travesía marítima. Todos estos elementos me persuaden de que el Señor Juez adoptó la decisión acertada al rechazar la demanda contra el transportis­ta marítimo.

b) La aseguradora: Respecto de ella la recurrente no obedeció la cláusula 83 del contrato de seguro (fs. 91) que le imponía la obligación de "cumplir fielmente todos los actos y procedimientos legales destinados a responsabilizar a terceros causantes de per­juicios cubiertos por este seguro". Si bien es de práctica que los liquidadores realicen trámites con los eventuales responsables, eso no releva al asegurado de las obligacio­nes que le impone la póliza. La sola denun­cia del siniestro no libera al asegurado de

cumplir con la cláusula aludida, pese a lo cual el asegurado no efectúa, denuncia ex­presa por faltantes antes del mes de agosto de 1991 (pericia técnica a fs. 743 vuelta y

775).

La recurrente afirma que el siniestro no fue rechazado por la aseguradora lo que tornaría aplicable el artículo 52 de la ley de seguros), pero consta a fs. 146 que el siniestro se recha­zó el 12 de septiembre de 1991. La cláusula 70 de la póliza, finalmente (fs. 92) limita la cobertura en caso de daños ocurridos en ju­risdicción portuaria. Igual que en el caso ante­rior, concluyo aquí que el Señor Juez rechazó con acierto el reclamo contra esta parte.

c) La AGP: Resta analizar el caso dé la citada AGP. En este sentido, recuerdo que los contenedores se retiraron del puerto con sus precintos intactos (fs. 219), y que no ingresaron tampoco en mala condición (ver fs. 854). La propia actora nos dice en sus posiciones (fs. 867 vuelta) que no formuló ninguna observación antes de retirar la mercadería de la jurisdicción fiscal.

Amen de ello, la pericia de fs. 726 señala que el tiempo que estuvieron los contenedo­res en plazoleta no es suficiente como para generar oxidaciones severas debidas al agua de lluvia. Finalmente, debo recordar que cuando la actora solicitó la citación de la AGP lo hizo en base a algún eventual ilí­cito en sede portuaria (fs. 150) lo que cier­tamente no acreditó; (recuerdo que siempre se conservó al menos un precinto origi­nal en los contenedores).

d) Conclusión: Respecto del transportis­ta marítimo, la actora no logró acreditar el faltante, no cumplió con su obligación de reclamar en término, y no probó nexo cau­sal alguno entre el transporte por mar y las averías. Respecto de la aseguradoras, no cumplió con las obligaciones que la póliza le imponía (parte de las cuales se vincula­ban con el reclamo al transportista) y con­fundió el rol de la aseguradora, como lo muestra su correspondencia con ella. Res­pecto de la AGP, por último, no acreditó ilí­citos ni faltante, alguno, y la pericia le re­sultó adversa respecto de la causa de las averías.

Voto, pues, para que se confirme la senten­cia en recurso en cuanto fue materia de agra­vios, con costas de Alzada a la recurrente, vencida.

El juez Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusio­nes del Acuerdo precedentemente transcripto, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la senten­cia en recurso en cuanto fue materia de agra­vios.

Las costas de Alzada se imponer a la recu­rrente.