"S.A. CÍA. DE SEGUROS LOS ANDES Y OTRO C/ AEROLÍNEAS ARGENTINAS"

Sala I, Causa 6.573/92 del 08/07/99

Transporte Aéreo de mercaderías: Limitación de responsabilidad:

Si el actor no cuestiona la falta de traslado de la limitación opuesta

en la contestación, luego no puede oponerla en el alegato.


1) Si la adora no cuestionó la falta de tras­lado de la limitación de responsabilidad que introdujo el transportador aéreo en la contes­tación de la demanda, resulta tardío el planteo que formuló en el alegato acerca de la impro­cedencia de la defensa con base en la irregu­laridad de la documentación aérea, por cuan­to al tolerar que el trámite pasara directamen­te a la etapa probatoria impidió a la contra­parte probar que la guía aérea cumplía con el aviso que exige el art. 8, inc. c del Convenio Varsovia-La Haya.

2) Aunque el actuar negligente del tercero por quien debe responder contractualmente la transportista no la libera de la responsabili­dad por el faltante, no le impide la invocación del beneficio de la limitación si no hay elemen­tos que permitan tener por configurado el in­cumplimiento calificado que establece el art. 25 de la Convención Varsovia-La Haya.

En Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio de 1999, se reúnen en Acuerdo los Jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar senten­cia en los autos mencionados en el epígrafe. Conforme con el orden del sorteo efectuado, el Juez Jorge Pérez Delgado dice:

I. La sentencia de fs. 496/505 hizo lugar a la demanda promovida por la aseguradora Los Andes y los laboratorios Abbott, por indemni­zación del faltante de productos químicos (acondicionados en un pallet que contenía 20 cajas), que debieron ser entregados luego de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, arribado al aeropuerto de Ezeiza el 29 de septiembre de 1991.

En el referido pronunciamiento el Juez tuvo por acreditado el contrato de seguro celebrado entre las actoras, decidió que en este caso no resultaba necesaria la protesta que prevé el Convenio de Varsovia-La Haya, consideró que estaba demostrado que el pallet faltante conte­nía el producto químico mencionado por las actoras, desestimó las defensas en las que Ae­rolíneas Argentinas había intentado fundar la falta de responsabilidad y, en consecuencia, condenó a la transportista aérea y a su asegura­dora —la Caja Nacional de Ahorro y Seguro— a pagar las sumas de USS 172.975 y de U$S 49.019 (ver aclaratoria de fs. 510), con más sus intereses, en favor de la aseguradora Los An­des y del laboratorio Abbott, respectivamente.

La parte dispositiva del fallo supeditó el pa­go de dichos montos al límite de responsabili­dad que prevé el art. 22 de la Convención an­tes citada.

Contra dicho pronunciamiento apelaron to­das las partes. El recurso de AA fue declarado desierto y el que dedujo la citada en garantía fue desistido (ver fs. 534). Sólo mantuvo su apelación la actora, cuyo memorial de agravios de fs. 527/533 resultó contestado únicamente por la CNAS.

     

      II. La actora se queja porque la sentencia no se ha ocupado de un tema esencial: si co­rresponde aplicar en este caso el límite de res­ponsabilidad. Tiene razón en su planteo for­mal. Tanto la demandada —a fs. 155 vta., cap. 10—, como su aseguradora —a fs. 176/177, cap. IV— sostuvieron que, en caso de prosperar la demanda, la condena debía ser li­mitada de acuerdo con lo dispuesto en el art. 22 del Convenio mencionado.

Sin embargo, la actora había anticipado, en la demanda misma, que la actitud seguida por la transportista se debía calificar de temeraria, de tal modo que correspondía una reparación integral de los daños (ver fs. 139). En su ale­gato volvió a plantear la cuestión y puso a con­sideración del tribunal de primera instancia las argumentaciones que estimaba pertinentes pa­ra sostener que el límite de responsabilidad no resultaba aplicable (ver fs. 485/486).

No obstante la controversia planteada res­pecto de esta cuestión, la sentencia, en su par­te dispositiva, se limitó a decidir la aplicación del art. 22 del recordado convenio. Realizó de ese modo una afirmación dogmática, por cuan­to, no consideró las razones invocadas por la actora, ni expresó los fundamentos en los que apoyaba su decisión.

Corresponde, por lo tanto, que el Tribunal examine si, en lo sustancial, se debe admitir el planteo de la parte actora.

III. En el memorial de agravios se ponen a consideración dos tipos de óbices en cuanto a la aplicación del límite de responsabilidad. Uno está referido a la irregularidad de la docu­mentación aérea. El otro se vincula con el comportamiento de la empresa transportadora.

Con respecto al primer tema, entiendo que el cuestionamiento que realiza la actora sólo en su alegato es tardío. Por lo tanto, cabe consi­derarlo excluido de la controversia. Veamos por qué.

Es cierto que el límite de responsabilidad no puede ser decidido por el tribunal de ofi­cio y debe ser introducido en la litis por la demandada (cfr. Corte Suprema, 15 de oc­tubre de 1998, en E.D. del 23 de junio pasa­do, f 49.324, con nota del Dr. Videla Escala­da).

Más aún, para asegurar adecuadamente la contradicción, una vez que la parte de­mandada opone esa defensa, se debería dar traslado a la parte actora para que ésta ex-

ponga su pretensión y quede de ese modo acotada la controversia, a la vez que haga posible —para ambas partes— la produc­ción de la prueba que pueda tener vincula­ción con la limitación opuesta. Aunque no hay en el ordenamiento procesal una norma específica que regule ese trámite, como ocu­rre con las excepciones (art. 350, CPC), hu­biera sido apropiado echar mano a los prin­cipios generales que aconsejan un procedi­miento similar (arts. 34, inc. 5o, apartado c, y 36, inc. 2o, CPC).

En el caso que estamos examinando no se dio a la actora una nueva vista de la limita­ción opuesta por la demandada y su asegu­radora. Sólo en el alegato aquélla argumen­ta que la guía aérea no contiene el aviso que exige el art. 8, inc. c del Convenio Varsovia-La Haya y, por lo tanto, sostiene que se de­be desestimar la defensa basada en el límite de responsabilidad (art. 9 del mismo conve­nio).

Las objeciones que la actora expuso con respecto al documento del transporte eran previsibles al momento de ser promovida la demanda. Por lo tanto, no se justifica que en ésta haya omitido su consideración. Pe­ro aún cuando se admita, por hipótesis, que sólo estuvo en condiciones de plantear la cuestión cuando conoció que se invocaba la limitación de responsabilidad en las contes­taciones, lo cierto es que debió objetar que no se le corriera traslado de la defensa opuesta. Al tolerar que el trámite del proce­so pasara directamente a la etapa probato­ria —cuyo ámbito está circunscripto a los hechos controvertidos— impidió que la de­mandada y la citada en garantía pudieran aportar la prueba que hubiera sido perti­nente para acreditar que la guía aérea cum­plía con la citada exigencia.

Se podría replicar a este razonamiento que ninguna prueba era necesaria porque la guía aérea estaba ya agregada al expediente. Sin embargo, no es así.

La manera en que la actora replantea la cuestión en su memorial de agravios de­muestra que era necesario dar a la demandada una adecuada posibilidad de probar algo más.

En efecto, en ese escrito dice que los ejem­plares de la guía aérea agregados a la causa — y cita solamente las fotocopias de fs. 68, 80 y 231 (ver fs. 528 vta./529)— no tienen incorpo­rado el aviso que prevé el art. 8, inc. c, del re­cordado convenio. Pero de la lectura de esos documentos, se puede advertir que lo insertado en el segundo casillero de la derecha es distin­to en las tres guías, de tal manera que, un plan­teo oportuno de la cuestión, podría haber per­mitido a la transportadora acreditar cuál era el texto entregado al expedidor, que es lo que realmente interesa a los fines que aquí estamos examinando.

Aunque esto es para mí decisivo a los efec­tos de resolver la improcedencia de este agra­vio de la actora —lo contrario importaría echar por tierra la garantía de la defensa que tiene sustento constitucional (art. 18, CN)—, la cuestión dista de ser como ella la presenta, por cuanto ha omitido referirse al texto de la guía aérea que ella misma ha acompañado con su demanda. Me refiero al documento de fs. 30 (it. fs. 269).

Precisamente porque ese documento fue presentado por la propia actora, no se puede soslayar que en el segundo casillero de la dere­cha, tiene insertada la siguiente leyenda, que transcribo en lo pertinente: "It is agreed that the goods decribed herein is apparent good order and condition (except as noted) for carriage subject to the conditions of contrat on the reverse here ofattention is drawn to the notice concerning carriers limitation of liability ". Por cierto que este texto es parcialmente legi­ble (lo mismo ocurre con la fotocopia reserva­da y ninguna auxilio aporta el ejemplar de fs. 316), de tal modo que he debido recurrir a la ayuda de la transcripción hecha por la asegura­dora a fs. 536, que coincide con la que figura en la guía aérea de fs. 43. Sin embargo, no ca­be otra alternativa, pues la actora pudo ofrecer otra versión o interpretación del texto, pero, como ya he dicho, no lo hizo, ni posibilitó que la documentación fuera completada.

En tales condiciones, y sobre la base de una traducción libre, la primera conclusión que ca­be es que la guía contenía en el reverso estipu­laciones relativas al límite de responsabilidad, las que no pudieron ser cotejadas porque el te­ma no fue introducido oportunamente al deba­te. La segunda conclusión, es que esa cláusu­la, por sí misma, llama la atención sobre el lí­mite de responsabilidad, que es precisamente lo que procura el aviso a que se refiere el recor­dado art. 8, inc. c del Convenio. Más allá de la confusa redacción de esta norma, lo que persi­gue es que el expedidor esté advertido de que la responsabilidad del transportista está sujeta al beneficio de la limitación, que es la única exigencia de tipo formal mantenida por el Pro­tocolo de la Haya (ver F. Videla Escalada, "Derecho Aeronáutico", Bs. As., 1976, t. IV-A, pág. 197, núm. 735 y pág. 393, núm. 862; E. T. Cosentino, "Régimen jurídico del trans­portador aéreo", Bs. As., 1986, pág. 333, núm. 7.2.). Por consiguiente, es por completo irrelevante que el transportador pueda haber hecho escalas no previstas en la guía aérea. Lo decidido por esta Sala sobre este tema en la causa 17.985/96 (del 26 de noviembre de 1998), que es citada por la actora, es inaplica­ble al supuesto que ahora estamos examinan­do, pues en ese precedente se trató la normati­va del Convenio de Varsovia, sin las modifica­ciones del citado Protocolo.

IV. Corresponde entrar de lleno, por lo tanto, en la consideración del segundo agra­vio de la actora, que se relaciona con la apli­cación del supuesto que prevé el art. 25 de la Convención de Varsovia-La Haya. Sobre este planteo, la accionante fue clara en su demanda. Lo expresado en el último párra­fo de fs. 138 vta. y en el primero de fs. 139 es inequívoco en cuanto destaca que la trans­portista aérea incurrió en temeridad (por las diversas circunstancias que allí menciona) que justifica una "reparación integral de los daños que se reclaman".

Por lo tanto, este tema fue expresa y oportunamente incorporado a la litis y, en consecuencia, debe ser materia de decisión por este Tribunal (arts. 271 y 277, CPC).

Conviene comenzar recordando que el citado art. 25 —según el texto de La Haya, en su parte pertinente, dispone: "Los lími­tes de responsabilidad previstos en el artículo 22 no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes... con te­meridad v sabiendo que probablemente cau­saría daño" (el subrayado me pertenece).

A la luz del texto citado, que supera y es más amplio que el previsto en el art. 25 del Convenio de Varsovia (en éste se contempla el dolo o la falta equivalente al dolo según la ley del tribunal competente), corresponde que sean analizadas las circunstancias del caso.

Como recordé al principio, uno de los pallets en los que se hallaba acondicionada la mercadería (veinte cajas de productos medici­nales) no fue entregado a la consignataria de la carga, Abbott Laboratories, de Argentina. La demandada intentó excluir su responsabilidad argumentando que el manipuleo de la carga, luego del aterrizaje, corría por cuenta de ínter-cargo (ver fs. 150) y también intentó liberarse sobre la base de haber sido deficiente la iden­tificación de la mercadería. El fallo de prime­ra instancia no admitió su tesis y lo decidido al respecto quedó firme por cuando ni la trans­portista ni su aseguradora expresaron agravios.

En el aspecto que aquí interesa, se debe te­ner en cuenta que, al finalizar el vuelo llegado a Ezeiza el 29 de septiembre de 1991, lo único que se tuvo por ingresado fueron "20" cajas, con un peso de 44 kg., que fueron consideradas como "sobras" (ver acta de fs. 33), en tránsito (informe de fs. 208). No hay constancias de qué ocurrió con el envoltorio plástico que pro­tegía el pallet, ni en qué momento dejó de cu­brir a las veinte cajas (el transportista no pudo explicar lo sucedido: ver fs. 151 vta.).

Como sólo ese envoltorio tenía adherida la identificación del destinatario (ver fs. informe de fs. 397/401 y traducción de fs. 402/403), y los datos consignados en las etiquetas pegadas a las cajas eran distintos (ver documento de fs. 43 y etiquetas de fs. 57 y 76) no se pudo aso­ciar el pallet faltante con las cajas "sobrantes".

En tales condiciones, el día 10 de octubre Aerolíneas Argentinas recibió un telegrama en el que se le hacía saber el faltante de "una pa­leta conteniendo el

 producto Lupron 3,75 mg. cantidad 600 unidades por U$S 144.000" (fs. 127/128). Este telegrama fue ampliado por el defs. 125/126.

Aerolíneas Argentinas tomó nota del "in­sistente reclamo por parte del consignatario ", le pidió datos complementarios y envió un télex a Amsterdam y otros a las escalas del vue­lo, a los efectos de confirmar el envío, respon­diéndosele que el bulto había sido embarcado, pero sin manifestar, por lo cual le fue remitido un Manifiesto de Regularización y Carta Rec­tificativa (ver informe de fs. 228, fechado el 17 de octubre de 1991).

Un día después, el 18 de octubre de 1991, el laboratorio actor envió una carta documento en la que precisó no sólo el número de guía aérea y la identificación de la mercadería faltante, si­no también los números de vuelo y de registro (ver fs. 124 y fs. 123 vta.). El mismo día el la­boratorio pidió a AA que le certificara el fal­tante de la mercadería (ver fs. 130).

Pero como a AA le sobraban las veinte ca­jas consignadas en el acta de fs. 33, decidió reenviarlas a Amsterdam porque éste era el lu­gar de origen consignado en las etiquetas adhe­ridas a dichas cajas (ver fs. 76 y 153). El en­vío se concretó en un vuelo que partió desde Ezeiza el 8 de noviembre con destino a dicho aeropuerto (ver télex de fs. 285). La mercade­ría llegó finalmente el día 11 de noviembre y fue recibida por Avio Presto (agente de cargas de Iberia en el aeropuerto de Schipol), quien recién entregó la carga al agente del laborato­rio, en Holanda, el 30 de enero de 1992.

Sobre estos hechos existe coincidencia de las partes (ver fs. 136 y vta. y fs. 154 vta.) y la transportadora admite que esa demora resultó "incomprensible", justificándose finalmente el rechazo de la carga —lo que determinó su des­trucción—, ante el inminente vencimiento de los medicamentos (ver fs. 155).

Con este cuadro de los hechos se puede decidir, aunque por cierto no es sencillo, si ha mediado por parte de Aerolíneas Argen­tinas una conducta u omisión temeraria "y sabiendo que probablemente causaría daño".

Creo que la respuesta que se debe dar es negativa. La circunstancia que determinó la imposibilidad de identificar la carga en el aeropuerto de Ezeiza, esto es, la falta de la cobertura de plástico a la que se hallaba ad­herida la etiqueta identificando al destinata­rio, es un hecho que sólo traduce un incum­plimiento contractual —en la protección de la mercadería— que no excede de los su­puestos de culpa que de ordinario se advier­ten cuando la carga arriba con faltantes o averías.

Aunque con esa identificación la actora cumplió con la obligación que a ella le incum­bía (ver informe de fs. 397/401 y traducción de fs. 402/403), lo cierto es que, al no contarse con el envoltorio del pallet, quedó como único elemento identificador las etiquetas puestas en las cajas, las que correspondían a una etapa an­terior del transporte que motiva este juicio, pues tenían como referencia la guía aérea que se había expedido en junio de 1991 para cubrir el trayecto Madrid-Amsterdam (ver documen­to de fs. 43 y etiquetas de fs. 57 y 76), al que Aerolíneas Argentinas era ajena.

Desde esta perspectiva, y aún teniendo en cuenta los requerimientos y datos aportados por la actora a la transportista, no existían pun­tos de contacto entre el faltante de un bulto — el pallet— y las veinte cajas sobrantes. Es cierto que se podría haber inferido alguna co­nexión por el hecho de que la marca Abbott constituía un cierto punto de referencia, pero en la carta documento de fs. 124 enviada por la actora, el dato relevante que ella aportó fue la mención de seiscientas unidades y no el núme­ro de cajas, ni tampoco la forma en que los productos se hallaban distribuidos en el pallet. Más aún, la identificación del producto tampo­co figuraba en las etiquetas puestas en cada una de las veinte cajas, de tal modo que la es­pecificación hecha por Abbott tampoco resul­taba suficiente para que la transportadora ubi­cara a la mercadería faltante.

En tales condiciones, todas las gestiones que AA realizó para ubicar el paradero de la mercadería (ver su informe de fs. 228/229),


aunque se admita que no fueron suficientes, exteriorizan una conducta suya que es opuesta a la desidia o a la indiferencia conscientes del peligro que generan, que es lo que presupone esta causal de exclusión del beneficio, tal co­mo se regula en el art. 25 del Convenio citado.

Y en el mismo orden de ideas, ante la impo­sibilidad de identificar al destinatario de la mercadería sobrante, la decisión de reenviarla a su lugar de origen —hecho que se concretó el 8 de noviembre de 1991—, constituyó una ac­titud no exenta de razonabilidad, pues de ese modo procuró que pudieran ser recuperadas útilmente.

No se me oculta, por cierto, que la operado­ra de cargas de Iberia, en el aeropuerto de Amsterdam, actuó negligentemente y con des­cuido, pues demoró injustificadamente la en­trega de los productos medicinales al agente de cargas del laboratorio exportador. Sin embar­go, esta omisión, que no libera de responsabi­lidad a AA en cuanto al cumplimiento del con­trato de transporte aéreo en sí, no puede servir de base para impedirle la invocación del bene­ficio de la limitación. Se trata, en todo caso, del hecho de un tercero por quien debe respon­der contractual mente, pero que no reviste la calidad de dependiente suyo, en ejercicio de sus funciones, en los términos del último pá­rrafo del art. 25 del Convenio según el texto de La Haya.

Por lo tanto, ni aun computando la acumu­lación de los hechos individuales que, final­mente, condujeron a la inutilización del pro­ducto (cfr. la jurisprudencia citada por Cosen-tino, op. cit., pág. 323, Nº. 6.11 y pág. 328, Nº 6.12.1.), se puede admitir que en el caso se ha­ya configurado la hipótesis de temeridad que obsta a la indemnización cuantificada.

Por cierto he tomado conocimiento de la ju­risprudencia reseñada por los Dres. Videla Es­calada y Cosentino en las obras que citan las apelantes. La constante en todos los preceden­tes que han abordado la exclusión del límite de responsabilidad —la mayoría de ellos se rela­cionan con fallas técnicas (vuelos impruden­tes, condiciones atmosféricas desfavorables) y los menos se vinculan con la gestión comer es la valoración de la actitud asumida  por el transportador en cada caso, frente a la "el juez dispone de un amplio margen para resolver los conflictos de intereses " (Videla Escalada, op. cit., pág. 423, Nº 882).

 

        También he examinado la jurisprudencia de los tribunales uruguayos que invoca la actora su memorial de agravios (algunas de las citas corresponden a decisiones de primera instancia  o a sentencias dictadas en grado de apelación  por un tribunal unipersonal).   Dejando de lado el juicio crítico que pueda merecer la interpretación seguida por nuestros colegas del Uruguay, sus precedentes no son susceptibles de proyectar  influencia en este caso, por más de una razón.

        Por un lado, tienen en cuenta el régimen del del Convenio de Varsovia, sin las modificaciones de La Haya y, por lo tanto, esos tribunales recurren a la figura de la culpa grave,  que está contemplada en su derecho positivo y el nuestro, al menos en el Código Civil por ejemplo, decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Civil, 4o Turno, fechada en Montevideo el 2 de mayo de 1997, publicada en revista de Transporte y Seguros, Nº 11, pág. 87 y sgtes.). Se debe tener en cuenta, por consiguiente, que en el régimen de dicha convención hace una remisión a las legislaciones, lo que determinó que no haya sido  posible unificar los criterios que se refieren a la calificación de la falta que causa un daño (ver, en este sentido, J. Bonet Correa, "La responsabilidad  en el derecho aéreo", Madrid, 1963, pág- 97).

        Aparte de ello, los pronunciamientos de esos tribunales tienen en consideración presupuestos de hechos totalmente ajenos a los que motivan este juicio.   En esos precedentes se hace merito  de faltantes en los que el transportador ha ignorado "absolutamente lo que pasó con una carga que le fue entregada" (ver, por ej., el caso resuelto el 9 de marzo de 1981, publicado en  la revista citada, Nº 7, pág. 44).

        Y, por otra parte, no se puede omitir que en la interpretación de dichos tribunales está presente la idea de que la no adopción de las medidas necesarias para evitar el daño, en los términos del Art. 20 de Convención de Varsovia, es un dato a tener en cuenta para la califi­cación de la falta (ver sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno, del 14 de agosto de 1992, en la revista citada, Nº 6, pág. 54, considerando III). Pero esta doctrina no coincide con la jurisprudencia de esta Cá­mara Federal, que ha decidido que aunque el transportista no logre demostrar —para excu­sar su responsabilidad— "que él o sus repre­sentantes adoptaron todas las medidas necesa­rias para evitar el daño o que les fue imposi­ble adoptarlas (art. 20 de la Convención de Varsovia) no se sigue que haya incurrido en el incumplimiento calificado al que se refiere el art. 25 (nuevo texto) de la citada Convención " (Sala II, causa 7229, del 22 de septiembre de 1978, voto del Dr. Quintana Terán).

V. Por las razones invocadas, voto para que se confirme la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios, con costas de la Al­zada por su orden, pues la cuestión que se ha planteado es en buena medida novedosa y ha ofrecido dificultad, de tal modo que es apro­piado recurrir a la aplicación del segundo pá­rrafo del art. 68 del CPC.

Los Señores Jueces Doctores Francisco de las Carreras y Martín Diego Farrell adhieren al voto que antecede.

En mérito a la votación que exterioriza el Acuerdo que se ha transcripto precedentemen­te, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sen­tencia de primera instancia, con costas de la Alzada por su orden.

Toda vez que el valor económico disputado en la Alzada es independiente del debatido en primera instancia —cuya determinación se ha supeditado a la liquidación respectiva—, pues ante este tribunal se ha pretendido el pago in­tegral de la indemnización, corresponde ahora regular honorarios por el trabajo de fs. 527/533 por razones de economía procesal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. Jorge G. Pérez Delgado. Francisco de las Carre­ras. Martín D. Farrell.

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