"SCAGNETTIDELANDAZURI,

GRACIELA c/ EMPRESA AEROLÍNEAS

ARGENTINAS S.E. s/COBRO"

- C.S.J., Causa del 18.4.97

- Transporte Aeronáutico de Pasajeros: Transporte Sucesivo:

no responde el transportista en cuyo tramo

no se produjo el accidente.


En el presente caso, la Corte aplica a ra­jatabla las disposiciones del art. 30 del Con­venio de Varsovia y del art. 151 del Código Aeronáutico relativo al transporte sucesivo de pasajeros, irresponsabilizando a Aerolí­neas ya que el accidente que produjo la muerte del esposo y padres de los reclaman­tes se produjo mientras viajaba en la aerolí­nea SATENA durante un tramo en Colom­bia.

No sé si se ha arribado a la solución más justa en el presente caso, ya que si en el pa­saje de Aerolíneas se mencionaba el tramo Bogotá-Leticia y el casillero relativo al trans­portista estaba en blanco, es más convincen­te el argumento del voto de la minoría (sólo el Dr. Moliné O'Connor), en cuanto a que era claro que a ninguna otra aerolínea se le había encargado el tramo (la mayoría sostie­ne que no se demostró que Aerolíneas Ar­gentinas se hubiera comprometido a realizar dicho tramo).

La mayoría también alegó que la víctima prestó su consentimiento al subir al avión de Satena. La minoría adujo que dicho consen­timiento no había sido probado. Si bien creo que el consentimiento estuvo ya que en defi­nitiva lo abordó, lo cierto es que qué otra po­sibilidad le cabía al pobre pasajero.

Me parece que la solución más justa hu­biera sido encuadrar la solución -tal como se hizo en Primera Instancia y en Cámara-dentro del campo de la solidaridad del trans-


portista efectivo con el contractual, ya que pareciera evidente que si el transportista co­locó en el billete el tramo Bogotá-Leticia, por algo fue.

Por otro lado el solitario voto de la mino­ría también nos cuenta que el pasaje se ha­bía comprado a crédito y que Aerolíneas eje­cutó a los herederos no sólo por el pago del saldo del tramó que llevó a cabo sino tam­bién por el tramo en el que murió el pasaje­ro.

—CS, abril 18-997. —Scagnetti de Landázuri, Graciela M. S. c. Empresa Aerolíneas Argentinas S.E.

Buenos Aires, abril 18 de 1997.

Considerando: 1. Que la actora —por si y en representación de sus hijos menores— pro­movió demanda por indemnización de daños y perjuicios contra Aerolíneas Argentinas So­ciedad del Estado por considerarla responsa­ble del accidente aéreo que causó la muerte de su esposo Carlos A. Landázuri Lemos, ocurri­da en la República de Colombia al precipitar­se a tierra la aeronave de propiedad de la em­presa estatal Satena que lo transportaba desde la localidad de Leticia a la ciudad de Bogotá.

2. Que el señor juez de primera instancia señaló que del billete de pasaje no se despren­día que Aerolíneas Argentinas hubiese dele­gado el transporte del viajero en algún tramo del itinerario en condiciones limitativas de su

responsabilidad, de manera que resultaba apli­cable lo dispuesto en el art. 1º, párr. 3o, del Convenio de Varsovia y debía admitirse que había mediado un solo transporte pues así ha­bía sido considerado por las partes en una sola operación.

3.   Que a partir de dicha conclusión el ma­gistrado entendió que la demandada había re­vestido el carácter de transportista contractual y debía responder por las consecuencias daño­sas del accidente conforme a lo dispuesto en el art. 17 de la convención citada, que coinci­día con la solución adoptada por el Convenio de Guadalajara y la norma contenida en el art. 153 del Cód. Aeronáutico.

4.   Que. al tratar los recursos de apelación planteados por la demandada y su asegurado­ra, la cámara confirmó —en lo principal— la sentencia recurrida pues estimó que la víctima había contratado exclusivamente con Aerolí­neas Argentinas el transporte de todo su tra­yecto y que dicha empresa había extendido el billete sin limitación alguna respecto a su res­ponsabilidad y concedido un crédito respecto al viajero, de modo que no podía pretender desconocer su deber de reparar por un servicio acerca del cual se había comprometido y fi­nanciado contractualmente, sin perjuicio de la eventual acción de regreso que le pudiera co­rresponder.

5.   Que contra el fallo de la alzada la venci­da dedujo recurso extraordinario pues consi­deró que había mediado violación de lo dis­puesto por los arts. 17, 18 y 31 de la Constitu­ción Nacional, al no haberse condenado a las terceras citadas en el proceso y porque el monto de la indemnización se había fijado en base a los términos de una ley derogada que daba fundamento sólo aparente a la sentencia recurrida.

6.   Que la apelante sostuvo también que co­rrespondía descalificar el fallo en cuanto el a quo había omitido aplicar la ley 23.556 que eximía de responsabilidad a su parte conforme


a lo dispuesto por los arts. 151 y 153 del Có­digo Aeronáutico, la Convención de Varsovia de 1929 —ley 14.111— y las modificaciones del protocolo de la Haya de 1955 —ley 17.386— y el Convenio de (Guadalajara de 1961, complementario del de Varsovia.

7.  Que el recurso extraordinario resulta for­malmente procedente toda vez que en autos se discute el alcance de normas federales, como son las contenidas en el Código Aeronáutico (fallos: 294:236) y en un tratado internacional, la (Convención de Varsovia de 1919, confor­me a las modificaciones introducidas por el Protocolo de La Haya, instrumentos ratifica­dos por la República Argentina mediante las leyes 14.111 y 17.386, respectivamente, y el fallo recurrido ha sido contrario a las preten­siones del apelante (Fallos: 305:692 —LA LEY 1983 -D, 313—, 2139; 306:1805, 1861— LA LEY, 1985-B, 169; 1985-A, 334—; 315:1199 y 2706).

8.  Que la cuestión debatida en esta ins­tancia se ha centrado en la determinación del carácter del transporte convenido entre el pasajero fallecido y la demandada Aero­líneas Argentinas y la eventual responsabi­lidad de dicha empresa respecto de la obli­gación de responder por los daños y perjui­cios causados por la caída de un avión de otra aerolínea en un tramo del trayecto es­tipulado en el billete de pasaje.

9.  Que las constancias de dicho billete obrante a fs. 108 del expediente principal pusieron de manifiesto que la empresa Ae­rolíneas Argentinas había celebrado con el pasajero un contrato de transporte aéreo que tenía por objeto su traslado desde la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Bo­gotá y posteriormente a la localidad de Le­ticia —ambas sitas en la república de Co­lombia— y el viaje de regreso a esta capital.

  

10.       Que asimismo, ha quedado acredita­do que las partes originales del contrato ha­bían concertado el denominado contrato sucesivo de transporte aéreo de pasajeros contemplado por el art. 1°, párr. 30, de la Convención de Varsovia y recibido por el art. 151 del Cód. Aeronáutico que se pre­senta cuando el transporte se ejecuta por varios transportadores por vía aérea y su­cesivamente al haber sido considerado por las partes como una sola operación.

11. Que, por consiguiente, los actores só­lo se encontraban habilitados a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios cau­sados en el transporte aéreo en relación al transportador que hubiera efectuado el transporte en el cual se produjo el acciden­te y no estaban autorizados por dicha nor­ma a formular reclamo alguno contra la compañía emisora del billete que sólo se había ocupado de su traslado hasta la ciu­dad de Bogotá (conf. art. 151, Cód. citado).
    Tal solución es la que surge del art. 30, punto 2 del convenio— y, en sentido con­cordante con el art. 151 del Cód. Aeronáu­tico— normas en las que se establece que en el caso de que se trate de un transporte sucesivo de personas —definido en el art.
1º, párr 3o— el viajero o sus causahabien­tes no podrán recurrir sino contra el por­teador que haya efectuado el transporte en el curso del cual se hubiere producido el ac­cidente, salvo en el caso en que, por estipu­lación expresa, el primer porteador haya asegurado la responsabilidad para todo el viaje, regla que se funda en que —en tal supuesto— el transportador es fácilmente individualizable.

Que tal solución se impone en atención a que la finalidad de la convención citada, es decir, la unificación de ciertas reglas relati­vas al transporte aéreo internacional, pone de relieve la importancia de establecer re­glas uniformes en la resolución de conflic­tos y en la adopción de un sistema de res­ponsabilidad común.

12. Que no obsta a lo expresado el hecho de que la empresa estatal colombiana Satena hubiera reemplazado a la aerolínea Avianca —cuyo personal se encontraba en huelga— para el traslado del pasajero des­de Leticia a Bogotá, porque tal circunstan­cia no modificó el mencionado carácter su­cesivo del transporte aún cuando haya sido durante el tramo ejecutado por aquélla cuando se produjo el accidente que causó la muerte del pasajero.

13.  Que, por otro lado, la existencia de un espacio en blanco en el billete de pasaje en el casillero correspondiente a la compa­ñía transportadora de dicho tramo (confr. fs. 108) resulta argumento suficiente para tener por responsable Aerolíneas Argenti­nas, cuando no surge inequívocamente que se hubiera obligado a realizar el transporte por ese segmento del itinerario previsto o que hubiera asumido expresamente su res­ponsabilidad por la totalidad del trayecto (con . arts. 30, párr. 20 de la Convención de Varsovia y 151, Cód. Aeronáutico). Cabe también destacar, al respecto, que, al modi­ficar el Protocolo de La Haya el art. 3, pun­to 1, de la citada convención, se redujeron las formalidades de los títulos de transpor­te, y se suprimió —como requisito del bille­te de pasaje— la indicación del nombre y la dirección del porteador o de los porteado­res, lo que impide que la omisión aludida pueda originar la atribución de responsabi­lidad al transportista contractual.

  

 14. Que, asimismo, no se presentaba en el caso —a pesar de lo expresado por el a quo— el denominado transporte de hecho que autoriza el reclamo resarcitorio respec­to del transportador contractual, pues es preciso para la configuración del supuesto contemplado en el art. 153 del Cód. Aero­náutico que el transportista contractual, sin el consentimiento formal del pasajero, hubiera delegado en un tercero el cumpli­miento de la obligación pactada, lo que no se ha configurado en el caso al haber admi­tido el pasajero la realización del traslado por la aerolínea estatal colombiana en términos distintos a los originalmente conveni­dos con la apelante.

15. Que, de todos modos, el transporte de hecho sólo podría haberse configurado, en la mejor de las hipótesis para la actora, como una delegación de uno de los trans­portistas que había intervenido en un tra­mo del contrato sucesivo —en el caso Avianca— que logró el embarque del viaje­ro en la línea estatal colombiana, de mane­ra que en ese supuesto el reclamo de la ac­tora debió haber sido deducido —en el caso de haberse configurado el supuesto del transporte de hecho— contra estos últimos y no en relación a la demandada que no ha­bía participado de esa sustitución.

16. Que. por tales razones, la interpreta­ción de las norma citadas efectuadas por el a quo representa una inadecuada compren­sión de dichos institutos y de las caracterís­ticas especiales que reviste el transporte aé­reo donde queda limitada la responsabili­dad del transportista contractual al tramo efectivamente ejecutado y no al realizado por otros transportistas salvo la asunción expresa de responsabilidad al respecto la formación del denominado contrato de transporte de hecho (arts. 151 y 153, ( Cód. Aeronáutico), supuestos que al menos res­pecto de la apelante, no se han configurado en el presente caso.

17. El modo en que se resuelve hace innece­sario tratar por ahora los agravios referentes al monto de la indemnización concedida y a la falta de condena respecto a los terceros citados.

Por ello y oído el Procurador General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordi­nario y se revoca, con el alcance indicado, la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribu­nal de origen a fin de que, por quien corres­ponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a lo expresado en el presente. Con costas.


Julio S. Nazareno.

Eduardo Moliné O'Connor (en disidencia). Carlos S. Fayt (por su voto). Augusto C. Belluscio. Enrique S. Petracchi. Gustavo A. Bossert. Antonio Boggiano. Adolfo R. Vázquez-Voto del doctor Fayt:

Considerando:

 1. Que la actora —por sí y en representación de sus hijos menores— pro­movió demanda por indemnización de daños y perjuicios contra Aerolíneas Argentinas So­ciedad del Estado por considerarla responsa­ble del accidente aéreo que causó la muerte de su esposo Carlos A. Landázuri Lemos, ocurri­da en la República de Colombia al precipitar­se a tierra la aeronave de propiedad de la em­presa estatal Satena que lo transportaba desde la localidad de Leticia a la ciudad de Bogotá.

 

2. Que el juez de primera instancia señaló que del billete de pasaje no se desprendía que Aerolíneas Argentinas hubiese delegado el transporte del viajero en algún tramo del itine­rario en condiciones limitativas de su respon­sabilidad, de manera que resultaba aplicable lo dispuesto en el art. 1º, párr. 3o, del Conve­nio de Varsovia y debía admitirse que había mediado un solo transporte pues así había sido considerado por las partes en una sola opera­ción.

3. Que a partir de dicha conclusión el ma­gistrado entendió que la demandada había re­vestido el carácter de transportista contractual y debía responder por las consecuencias daño­sas del accidente conforme a lo dispuesto en el art. 17 de la convención citada, que coinci­día con la solución adoptada por el Convenio de Guadalajara y la norma contenida en el art. 153 del Cód. Aeronáutico.

4. Que. al tratar los recursos de apelación planteados por la demandada y su asegurado­ra, la cámara confirmó —en lo principal— la sentencia recurrida pues estimó que la víctima había contratado exclusivamente con Aerolí­neas Argentinas el transporte en todo su tra­yecto y que dicha empresa había extendido el billete sin limitación alguna respecto a su res­ponsabilidad y concedido un crédito respecto al viajero, de modo que no podía pretender desconocer su deber de reparar por un servi­cio acerca del cual se había comprometido y financiado contractualmente, sin perjuicio de la eventual acción de regreso que le pudiera corresponder.

5.      Que contra el fallo de la alzada la venci­da dedujo recurso extraordinario pues consi­deró que había mediado violación de lo dis­puesto por los arts. 17, 18 y 31 de la Constitu­ción Nacional, al no haberse condenado a las terceras citadas en el proceso y porque el monto de la indemnización se había fijado en base a los términos de una ley derogada que daba fundamento sólo aparente a la sentencia recurrida.

6.  Que la apelante sostuvo también que co­rrespondía descalificar el fallo en cuanto el a quo había omitido aplicar la ley 23.556 que eximía de responsabilidad a su parte conforme a lo dispuesto por los arts. 151 y 153 del Cód. Aeronáutico, la Convención de Varsovia de 1929 —ley 14.111—y las modificaciones del Protocolo de La Haya de 1955 —ley 17.386— y el Convenio de Guadalajara de 1961, complementario del de Varsovia.

7.  Que el recurso extraordinario resulta formalmente procedente toda vez que en autos se discute el alcance de normas federales — las contenidas en el Código Aeronáutico (Fa­llos: 294:236) y en un tratado internacional del cual el Estado nacional es parte en mérito a la ley federal 14.111 que lo aprobó— y el fallo recurrido ha sido contrario a las preten­siones del apelante (Fallos: 305:692, 2139; 306:1805,1861; 315:1199 y 2706).

8.      Que la cuestión debatida en esta instan­cia se ha centrado en la determinación del ca­rácter del transporte convenido entre el pasajero fallecido y la demandada Aerolíneas Ar­gentinas y la eventual responsabilidad de di­cha empresa respecto de la obligación de res­ponder por los daños y perjuicios causados por la caída de un avión de otra aerolínea en un tramo del trayecto estipulado en el billete de pasaje.

9.  Que las constancias de dicho billete obrante a fs. 108 del expediente principal pu­sieron de manifiesto que la empresa Aerolí­neas Argentinas había celebrado con el pasa­jero un contrato de transporte aéreo que tenía por objeto su traslado desde la ciudad de Bue­nos Aires a la Ciudad de Bogotá y posterior­mente a la localidad de Leticia —ambas sitas en la República de Colombia— y el viaje de regreso a esta capital.

10.       Que. asimismo, ha quedado acreditado que las partes originales del contrato habían concertado el denominado contrato sucesivo de transporte aéreo de pasajeros contemplado por el art. 10, párr. 30, de la Convención de Varsovia y recibido por el art. 151 del Cód. Aeronáutico que se presenta cuando el trans­porte se ejecuta por varios transportadores por vía aérea y sucesivamente al haber sido consi­derado por las partes como una sola opera­ción.

11.       Que. por consiguiente, los actores sólo se encontraban habilitados a reclamar el resar­cimiento de los daños y perjuicios causados en el transporte aéreo en relación al transpor­tador que hubiera efectuado el transporte en el cual se produjo el accidente y no estaban au­torizados por dicha norma a formular reclamo alguno contra la compañía emisora del billete que sólo se había ocupado de su traslado hasta la ciudad de Bogotá (conf. art. 151, Cód. cita­do).

12.       Que no obsta a lo expresado el hecho de que la empresa estatal colombiana Satena hubiera reemplazado a la aerolínea Avianca —cuyo personal se encontraba en huelga— para el traslado del pasajero desde Leticia a Bogotá, porque tal circunstancia no modificó el mencionado carácter sucesivo del transporte aún cuando haya sido durante el tramo ejecu­tado por aquélla cuando se produjo el acciden­te que causó la muerte del pasajero.

13.  Que, por otro lado, la existencia de un espacio en blanco en el billete de pasaje en el casillero correspondiente a la compañía trans­portadora de dicho tramo (confr. fs. 108) no resulta argumento suficiente para tener por responsable a la demandada Aerolíneas Ar­gentinas, cuando no surge inequívocamente que se hubiera obligado a realizar el transporte por ese segmento del itinerario previsto o que hubiera asumido expresamente su responsabi­lidad por la totalidad del trayecto (conf. art. 151, Cód. Aeronáutico).

14.  Que. asimismo, no se presentaba en el caso —a pesar de lo expresado por el a quo— el denominado transporte de hecho que autori­za el reclamo resarcitorio respecto del trans­portador contractual, pues es preciso para la configuración de supuesto contemplado en el art. 153 del Cód. Aeronáutico que el transpor­tista contractual, sin el consentimiento formal del pasajero, hubiera delegado en un tercero el cumplimiento de la obligación pactada, lo que no se ha configurado en el caso al haber admi­tido el pasajero la realización del traslado por la aerolínea estatal colombiana en términos distintos a los originalmente convenidos con la apelante.

15.  Que. de todos modos, el transporte de hecho sólo podría haberse configurado, en la mejor de las hipótesis para la actora, como una delegación de uno de los transportistas que había intervenido en un tramo del contrato sucesivo —en el caso Avianca— que logró el embarque del viajero en la línea estatal co­lombiana, de manera que en ese supuesto el reclamo de la actora debió haber sido deduci­do —en el caso de haberse configurado el su­puesto del transporte de hecho— contra estos últimos y no en relación a la demandada que no había participado de esa sustitución.


16.  Que, por tales razones, la interpretación de las normas citadas efectuada por el a quo representa una inadecuada comprensión de di­chos institutos y de las características especia­les que reviste el transporte aéreo donde queda limitada la responsabilidad del transportista contractual al tramo efectivamente ejecutado y no al realizado por otros transportistas, salvo la asunción expresa de responsabilidad al res­pecto o la formación del denominado contrato de transporte de hecho (arts. 151 y 153, Cód. Aeronáutico), supuestos que, al menos respec­to de la apelante, no se han configurado en el presente caso.

17.  Que el modo en que se resuelve hace innecesario tratar por ahora los agravios refe­rentes al monto de la indemnización concedi­da y a la falta de condena respecto a los terce­ros citados.

Por ello y oído el Procurador General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordi­nario y se revoca, con el alcance indicado, la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribu­nal de origen a fin de que, por quien corres­ponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a lo expresado en el presente. Con costas.

Carlos S. Fayt.

Disidencia del doctor Moliné O'Connor

1.        Que la actora —por sí y en representa­ción de sus hijos menores— promovió deman­da por indemnización de daños y perjuicios contra Aerolíneas Argentinas Sociedad del Es­tado por considerarla responsable del acciden­te aéreo que causó la muerte de su esposo Carlos A. Landázuri Lemos, ocurrida en la República de Colombia al precipitarse a tierra la aeronave de propiedad de la empresa estatal Satena que lo transportaba desde la localidad de Leticia a la ciudad de Bogotá.

2.   Que el juez de primera instancia señaló que del billete de pasaje no se desprendía que Aerolíneas Argentinas hubiese delegado el transporte del viajero en algún tramo del itine­rario en condiciones limitativas de su respon­sabilidad, de manera que resultaba aplicable lo dispuesto en el art. 1º, párr. 3o, del Conve­nio de Varsovia y debía admitirse que había mediado un solo transporte pues así había si­do considerado por las partes en una sola ope­ración.

3.      Que a partir de dicha conclusión el ma­gistrado entendió que la demandada había re­vestido el carácter de transportista contractual y debía responder por las consecuencias daño­sas del accidente conforme a lo dispuesto en el art. 17 de la convención citada, que coinci­día con la solución adoptada por el Convenio de Guadalajara y la norma contenida en el art. 153 del Cód. Aeronáutico.

4.      Que, al tratar los recursos de apelación planteados por la demandada y su asegurado­ra, la cámara confirmó —en lo principal— la sentencia recurrida pues estimó que la víctima había contratado exclusivamente con Aerolí­neas Argentinas el transporte en todo su tra­yecto y que dicha empresa había extendido el billete sin limitación alguna respecto a su res­ponsabilidad y concedido un crédito respecto al viajero, de modo que no podía pretender desconocer su deber de reparar por un servi­cio acerca del cual se había comprometido y financiado contractualmente, sin perjuicio de la eventual acción de regreso que le pudiera corresponder.

5.      Que contra el fallo de la alzada la venci­da dedujo recurso extraordinario pues consi­deró que habla mediado violación de lo dis­puesto por los arts. 17, 18 y 31 de la Constitu­ción Nacional, al no haberse condenado a las terceras citadas en el proceso y porque el monto de la indemnización se había fijado en base a los términos de una ley derogada que daba fundamento sólo aparente a la sentencia recurrida.


6.  Que la apelante sostuvo también que co­rrespondía descalificar el fallo en cuanto el a quo había omitido aplicar la ley 23.556 que eximía de responsabilidad a su parte conforme a lo dispuesto por los arts. 151 y 153 del Cód. Aeronáutico, la Convención de Varsovia de 1929 —ley 14.111— y las modificaciones del Protocolo de La Haya de 1955 —ley 17.386— y el Convenio de Guadalajara de 1961, complementario del de Varsovia.

7.  Que el recurso extraordinario resulta formalmente procedente toda vez que en autos se discute el alcance de normas federales — las contenidas en el Código Aeronáutico (Fa­llos: 294:236) y en un tratado internacional del cual el Estado nacional es parte en mérito a la ley federal 14.111 que lo aprobó —y el fallo recurrido ha sido contrario a las preten­siones del apelante (Fallos: 305:692, 2139; 306:1805, 1861; 315:1199 y 2706).

8.  Que la demandada sostuvo, en lo sus­tancial, que había concertado con el viajero un transporte sucesivo de pasajeros y que en virtud de esa figura —característica del derecho aeronáutico— su parte quedaba exonerada de responsabilidad respecto de las consecuencias del accidente producido en un tramo del trayecto originariamente convenido, al haber correspondido su eje­cución a otra aerolínea.

9.  Que la fotocopia del pasaje aéreo agregada por la recurrente al contestar la demanda pone de manifiesto que el pasaje­ro había contratado únicamente con Aero­líneas Argentinas su traslado desde la ciu­dad de Buenos Aires a la localidad de Leti­cia —Colombia— y su viaje de regreso, sin que surja de dicho instrumento que se hu­biera entendido en aquel momento que al­gún tramo del itinerario habría de ser rea­lizado por otra aerolínea.

10. Que. en efecto, el espacio correspon­diente a la determinación de la línea aérea que habría de ejecutar el trayecto desde Bogotá a Leticia —en cuyo transcurso se produjo el accidente que causó el falleci­miento del esposo y padre de los actores— se encontraba en blanco en el billete respec­tivo, con lo cual quedaba demostrado que a ninguna otra aerolínea se había siquiera atribuido el compromiso de participar en el transporte del viajero.

11.    Que. por consiguiente, la demandada Aerolíneas Argentinas resulta responsable de los daños y perjuicios producidos —ante esa relevante omisión—como empresa ex­pendedora del billete y en su calidad de transportadora contractual, sin perjuicio de la eventual acción de regreso contra la titular de la aeronave que causó el acciden­te fatal.

12.    Que para llegar a esa conclusión re­sulta importante tener en cuenta que la ae­rolínea que había empezado a realizar el tramo mencionado no fue aquella que —se­gún la demandada— había formado parte primitivamente del invocado transporte su­cesivo, ya que la empresa estatal aérea de transportes de Colombia reemplazó como transportista, de acuerdo con lo dispuesto en un decreto presidencial emitido después de la emisión del billete, a la firma Avianca cuyo personal se encontraba en huelga.

Al respecto, es de señalar que la posición adoptada por la recurrente al momento de trabarse la litis fue de una ambigüedad tal que forma obstáculo al progreso de su pre­tensión. Adviértase que esta parte no iden­tificó concretamente a la compañía que ha­bría estado encargada de realizar el segun­do tramo del supuesto transporte sucesivo, sino que se limitó a señalar que "... el tra­yecto Bogotá-Leticia-Bogotá 'normalmen­te' está cubierto por AVIANCA..."

13.  Que. en consecuencia, la situación "sub examine" se encontraba —tal como
señaló el a quo— dentro del supuesto del
transportador de hecho que contempla el art. 153 del Cód. Aeronáutico, norma que incorporó al ordenamiento nacional las so­luciones del Convenio de Guadalajara, y que dispone que si el transporte aéreo fuese contratado con un transporstador y ejecu­tado por otro, la responsabilidad de ambos transportadores frente al usuario que con­trató el transporte será solidaria por los da­ños que se le hubiesen originado, sin perjui­cio de las acciones que pudieren interpo­nerse entre ellos.

14.  Que no resulta óbice a ello la cir­cunstancia de que el pasajero hubiera as­cendido voluntariamente a la aeronave pos­teriormente accidentada, pues se requería para la conformación del transporte sucesi­vo —y la consecuente exoneración de res­ponsabilidad de la apelante— el consenti­miento formal del viajero a la incorpora­ción de la aerolínea estatal colombiana al contrato de origen emanado del pasaje emi­tido por la demandada, consentimiento que no ha sido acreditado por parte de la trans­portadora contractual que pretendía libe­rarse del pago de la indemnización recla­mada por los sucesores del pasajero falleci­do.

15.      Que tampoco se opone al criterio ex­puesto la circunstancia de que Aerolíneas Argentinas no tenga vuelos internos en Co­lombia desde que, precisamente, ello pudo haber constituido, en el "sub examine", fundamento de la existencia de una delega­ción en la ejecución de un tramo del trans­porte en una empresa distinta de la contra­tante. Por otra parte, no cabe considerar a la aludida ausencia de vuelos como un he­cho notorio que pueda volverse contra el pasajero pues, a la hora de celebrar el con­trato, éste no tenía porqué conocer las rutas habilitadas para el único transportador aé­reo con quien se vinculaba.

16.  Que, en consecuencia, no resulta aplicable en relación a la demandada la exención de responsabilidad prevista por el art. 151 del Cód. Aeronáutico, pues las constancias de autos resultan insuficientes para tener por demostrado que el trans­porte del pasajero —al menos respecto al tramo que debía ejecutar la aerolínea esta­tal colombiana— hubiera sido concebido por las partes como un transporte sucesivo a realizarse por diversos transportadores por vía aérea.

17. Que, en ese sentido, corresponde te­ner presente que inicialmente la demanda­da había concedido un crédito al pasajero para la compra del billete respectivo y que al consignar en éste el importe correspon­diente no hizo discriminación alguna res­pecto de los montos correspondientes a ca­da tramo ni mencionó a otra empresa como la encargada de realizar alguno de ellos. A ello se suma que, con posterioridad, Aerolí­neas Argentinas optó por promover acción ejecutiva contra los herederos del pasajero fallecido por el cobro de aquel crédito sin formular deslinde ni reserva alguna respec­to de los tramos cumplidos por otras com­pañías o de su obligación —recién ahora expresada— de transferir el monto del pre­cio correspondiente a los trayectos realiza­dos por otra aerolínea.

Esta última circunstancia; sin duda decisi­va para esclarecer la naturaleza de la obliga­ción asumida por la demandada, no puede ser sino interpretada —respecto a los demandan­tes— en favor de la existencia de un solo transporte. Lo contrario importaría restar tras­cendencia a conductas que son jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (arg. art. 218, inc. 4o, del Cód. de Comercio; causa F.329.XXU "Federación de Círculos Católicos de Obreros, c: Santa Cruz, Provincia de s/ co­bro de australes", sentencia del 22 de diciem­bre de 1993, consid. 3o—Fallos: 316:3199 — y sus citas, entre otras), sin que a esta conclu­sión pueda formar obstáculo la modificación introducida por el Protocolo de la Haya al art. 3, punto 1, de la Convención de Varsovia, por la cual se redujeron las formalidades de los tí­tulos de transporte, suprimiéndose —como re­quisito del billete de pasaje— la indicación del nombre y la dirección del porteador, o de los porteadores.

18.     Que en tales condiciones la demanda había sido correctamente dirigida contra la re­currente y la interpretación del a quo de la Convención de Varsovia es conforme al senti­do corriente que ha de atribuirse a los térmi­nos de la convención en su contexto y tenien­do en cuenta su objeto y fin de unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo in­ternacional.

19.     Que. a esta altura del análisis, no puede dejar de advertirse que sostener que la recu­rrente no resulta responsable porque las partes originales del contrato habrían concertado el denominado contrato sucesivo de transporte aéreo de pasajeros, sólo resulta posible me­diante una petición de principio, desde que — precisamente— es la naturaleza del convenio la cuestión que, en primer lugar, se encuentra en discusión; no existiendo en el "sub exami­ne" elementos de juicio que, en segundo tér­mino y a mérito de lo expuesto, permitan con­cluir en el modo indicado por la aseveración reproducida.

20. Que. por último, en cuanto a este as­pecto se refiere, corresponde señalar que una postura contraria a la admisión de la responsa­bilidad de la apelante conduciría en el caso a un disvalioso resultado, en tanto que, de un modo alejado de la realidad que encierra el transporte por aire —en el que la debilidad del pasajero frente al transportador es nota ca­racterística— equivaldría a privar de la in­demnización perseguida en este pleito a con­secuencia del fallecimiento de quien contrató por todo un trayecto con una única compañía y a quien las vinculaciones de aquélla con otras transportadoras aéreas, fundadas en ra­zones comerciales u operativas, deben serle inoponibles.

 

21.     Que las consideraciones efectuadas por la apelante respecto a la aplicación de la limi­tación al monto de la indemnización contem­pladas por el Protocolo de Montreal a la Con­vención de Varsovia no importan —tal como señaló el Procurador General de la Naciónuna crítica concreta de los argumentos del fa­llo apelado, de manera que corresponde decla­rar desierto el recurso extraordinario en este aspecto.

22.     Que, finalmente, los agravios formula­dos por la recurrente respecto a la falta de condena de los terceros que fueron citados a su pedido —y que por tal razón no revisten la calidad de demandados— remiten a la consideración de cuestiones de hecho y de derecho procesal ajenas —como regla y por su natura­leza— a la instancia del art. 14 de la ley 48 que han sido tratadas por la cámara con argu­mentos suficientes que bastan para descartar la tacha de arbitrariedad planteada por la recu­rrente.

Por ello y de conformidad con lo dictami­nado por el Procurador General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara formal­mente procedente el recurso extraordinario y se confirma el pronunciamiento apelado.

Agréguese la queja al principal. Con costas.