"LA PATAGONIA CÍA ARG DE SEG S.A.

C/ ARROW AIR S.A."-

Sala I, Causa 6139/91 del 27.2.97

- Transporte Aeronáutico: Por más que el peso en destino fue

muy similar al de origen, se hace lugar a la demanda ya que el

peso en destino se determinó sin intervención del consignatario,

sumado al hecho de que los bultos habían sido violados.

 


Por más que el peso en destino fue casi igual al de origen, la Cámara hacer lugar a la demanda ya que el bulto no fue pesado bilateralmente en presencia del importador. Además, los bultos habían llegado con emba­laje deficiente, abiertos y sin los zunchos de origen.

CAUSA B193/91, LA PATAGONIA CÍA. ARG. DE SEG. SA c. ARROW AIR SA y otro s. fáltame

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero de 1997, se reúnen en Acuerdo los se­ñores Jueces de la Sala 1 de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe. Conforme con el orden del sorteo efectuado, el Juez Jorge Pérez Delgado dice:

1. La sentencia de fs. 178/182 rechazó la demanda porque interpretó que existía una coincidencia entre el peso de la mercadería in­cluido en, la guía aérea y el verificado al fina­lizar el transporte, de tal manera que el faltante de unidades que motiva este Juicio no en­contraba explicación.

Contra ese pronunciamiento apeló la acto­ra, cuyo memorial de agravios de fs. 104/105 fue respondido por la demandada a fs. 107/108.

2. No se encuentra discutido en esta segunda instancia que existió un contrato de trans­porte aéreo ante la demandada y la firma a quien subroga la actora.  Tampoco se controvierte la legitimación de esta en virtud del se­guro convenido y del pago hecho a la consignataria.

Ha quedado también superado lo atinente a la protesta. Aparte de que no se mantiene esa cuestión en la Alzada, es claro que fue hecha con el acta de fs. 15, en donde se dejó una constancia expresa en tal sentido.

El tema en conflicto es si se puede dar por probado un faltante que sólo resulta del re­cuento de la mercadería, cuando los demás elementos de juicio exteriorizan que el peso no ha variado.

Me parece por lo tanto apropiado recordar que en más de una oportunidad hemos dicho que constituiría un error pretender establecer, como principio absoluto, que se debe dar pre­ferencia a la contabilización de las unidades transportadas y llevar a un plano puramente secundario lo atinente al peso del cargamento (esta Sala, causa 911, de 23-5-90).

Puede ocurrir, en efecto -y de hecho hemos tenido muchos pleitos en que la cuestión se ha planteado-, que los datos del peso de la mer­cadería carezcan de significación. En anterio­res casos hemos recordado, a título de ejem­plo, controversias resueltas por la Sala en las que así se decidió atendiendo a que se trataba de pequeños errores que se debían atribuir a un cálculo inadecuado o a imprecisiones de la balanza (ver causas 6413, de 9-8-78, con voto

del Dr. Muzio; y 7725, de 16-3-79, en donde tuve ocasión de valorar que se configuraba una diferencia de peso ínfima, de modo que era razonable que no se hubiera registrado con exactitud en la balanza).

Pero atendiendo asimismo a las particula­res circunstancias de cada caso, también he­mos decidido que la coincidencia del peso ad­quiría una importancia decisiva, si este dato se había insertado no sólo por la autoridad adua­nera sino también por las partes en la nota de revisación de carga, en tanto que las unidades pretendidamente faltantes habrían pesado una cantidad de kilos no despreciable que no po­día pasar inadvertida en el control del peso (ver causa 8201, de 31-5-79). Y en igual sen­tido hemos resuelto otras situaciones simila­res, ponderando asimismo el hecho de que, a pesar de que la contabilización de las unida­des daría un faltante, no se advertía por qué el peso de los bultos en destino era igual que el cargado si no se habían hallado elementos ex­traños en los bultos revisados (ver causa 5581, de 6-12-88 y sus citas)

Obviamente, este mismo criterio se debe adoptar cuando de la comparación entre la do­cumentación de origen y la verificación con­junta en destino surge un incremento del peso de la mercadería (ver esta Sala, causas 4433, de 2-2-87 y sus citas, 1219, de 5-10-90, entre otras).

Igual interpretación ha hecho sobre el te­ma la Sala 2 de esta Cámara (ver, entre otras, causas 5146, de 12-6-87, con Voto del Dr. Quintana Terán y 5968, de 16-9-88, con voto de la Dra. Mariani de Vidal).

Y no sigo recordando precedentes para no fatigar, porque la constante es que, en todos, hemos tenido en cuenta las circunstancias par­ticulares, de tal modo que -repito- sería inco­rrecto extraer de la doctrina de esta Cámara un principio absoluto como el recordado al comienzo de este capítulo.


3. Hecha esta aclaración, encuentro que la solución adoptada en primera instancia no es correcta, ni adecuada a las circunstancias de este caso.

Tengo en cuenta para ello que si bien es cierto que el peso en origen, según la guía aérea, era aproximadamente de 1.040 kg. y que al ingresar al depósito fiscal se insertó un peso de. 1.039 kg. (ver fs 7 y 77/78), lo que no ha sido advertido es que en esta últi­ma comprobación fiscal no intervino ni la consignataria, ni su aseguradora.

Estos sólo participaron -conjuntamente con el representante de la compañía aérea-en el acto de verificación del faltante, cele­brado cinco días después, en cuya ocasión no realizaron una medición del peso, dato éste que se omitió por completo (ver fs. 14/15).

Por lo tanto, la pretendida coincidencia del peso no ha surgido de una verificación conjunta, sino unilateral. Es oportuno re­cordar entonces que así como esa compro­bación que contó con la sola participación del representante de la compañía aérea ha sido descartada en otros casos como equi­valente a la protesta (ver esta Sala, causas 3164,. de 9-4-85 y 3724/93, de 20-8-93; Sala 2, causa 1472, de 12-11-82, en J.A. 1983-IV-597), del mismo modo, y sobre la base del mismo principio, el transportista no puede invocar el peso que ha comprobado unilateralmente sin intervención de la otra parte.

Dentro de este contexto, no es de ningu­na manera un dato menor el hecho de que en la verificación conjunta las partes hayan incluido una columna en la que detallan el "faltante" (ver fs. 14/15). Y ni bien la em­presa transportista dejó a salvo su respon­sabilidad en términos genéricos, adquiere cierta relevancia que no se haya insertado observación alguna relativa al peso de la carga.


Por lo tanto, tampoco está exenta de gravitación la circunstancia de que la de­mandada no haya invocado la coincidencia del peso al contestar la demanda, pues aun­que ello no es un óbice para sacar al tema de la litis, refleja sin duda la escasa o nula importancia que a esta cuestión le asignó, posiblemente porque nada irregular había advertido en el acto de verificación conjun­ta, en que, como ya he dicho, ninguna ob­servación hizo en lo relativo al peso.

En tales condiciones, el faltante que am­bas partes verificaron y asentaron, sumado al hecho de que los bultos llegaron con em­balaje deficiente y abierto y con falta de zunchos, determina la responsabilidad de la compañía aérea.

4. El valor de la mercadería faltante, esta­blecido por el liquidador de averías en  u$s 3.612,50 (fs. 61), ha sido corroborado por el peritaje de tasación de fs. 132/133, que no ha sido impugnado por la demandada

Consecuentemente, es procedente el monto demandado que se expresó en pesos, ($ 452,38).

Esta suma se deberá repotenciar por aplica­ción de los índices del mes de octubre de 1989 y de marzo de 1991, obteniéndose de ese mo­do la suma de $ 9.373.

5. La demandada, cuando contestó la de­manda, puso el énfasis en dos circunstancias:
a) que la condena no puede exceder de la can­tidad de u$s 3.612,50, porque lo contrario im­portaría consagrar un enriquecimiento ilícito por medio del juego de las diferencias cambia­rías; b) que se debe aplicar el limite de res­ponsabilidad del art. 22 de la Convención de Varsovia de 1929.

Veamos cada planteo:

A. Debemos tener en cuenta que la actora demandó el pago de una suma en australes y no supeditó su pretensión a la devolución del valor del dólar, ni al que los Bonex Serie 82 tuvieran al momento del pago cancelatorio que aquí se persigue. Más aun, también recla­mó la compensación de la depreciación de nuestra moneda (ver fs. 28).

En tales condiciones, y tal como lo hemos decidido en supuestos análogos, no cabe esta­blecer ninguna limitación en función del valor que el dólar o los títulos mencionados hubie­ren de tener al momento del pago. En efecto, ante situaciones similares hemos decidido que no hay ninguna razón para que se adopte el criterio de conversión más desfavorable a la demandante, habida cuenta de que ésta ni si­quiera renunció a la desvalorización monetaria (ítem que reclamó expresamente), lo cual per­mite interpretar que su intención era la de mantener, del modo mas íntegro, la intangibilidad de su crédito; a lo que se añade que ése es el procedimiento que como regla adopta­mos cuando el asegurador desinteresa al con­signatario mediante el pago de moneda ex­tranjera, es decir, convertimos la cantidad pa­gada a la suma de la moneda de curso legal en el país equivalente al momento del pago Subrogatorio y a partir de allí repotenciamos el crédito mediante la aplicación de los índices de precios al por mayor nivel general (esta Sa­la, causas 1151 de 14-9-90, 2225 de 23-12-91, 5876/93, de 30-12-93, entre otras).

Sin embargo, según la actualización que he efectuado en el punto anterior, se advierte una manifiesta distorsión de los valores si se com­para la cotización del dólar con la variación de nuestra moneda (a ello apunta sin duda el cuestionamiento que la demandada hizo a fs. 40 y vta.).

Esta circunstancia sólo se puede remediar mediante el procedimiento que prevé la ley 24.283, el que no ha sido materia de planteo expreso por parte de la demandada, lo que no es un óbice para que sea incorporado al proce­so en la etapa de la ejecución de la sentencia, que es el tiempo propio pera debatir ese tema

(esta Sala, causas 45.615/95 de 16-11-95, 727/93, de 25-6-96, entre muchas otras).

B. Sin perjuicio de ello, rige también el lí­mite de responsabilidad que prevé el art. 22, inc. 2 de la Convención de Varsovia de 1929.

Como dicho limite se debe calcular res­pecto del peso total de los dos bultos (o conte­nedores, como también se los llamó) que han sido afectados (Corte Suprema, Fallos: 315:2706; esta Sala, causas 5608, de 10-2-89; 3118/96, de 25-4-96; 19.558/96, de 17-9-96, entre otras), en la etapa de ejecución de sen­tencia se deberá determinar dicho peso.

6.   Una vez precisado de modo firme el monto de la condena, los intereses se deberán liquidar al 6% anual desde el 13 de marzo de 1990, fecha en que la demandada fue intima­da para su pago (ver requerimiento de fs. 5/6, cuya recepción no ha sido objetada). Esta ta­sa de interés regirá hasta el 31-3-91 y, a partir de entonces, se aplicará la que calcula el Ban­co de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días.

7.   En mérito a las razones expuestas, voto por la revocación de la sentencia de primera instancia, debiéndose hacer lugar a la deman­da por la suma de $ 9.373, o bien la suma me­nor que resulte de las correcciones que surjan en la etapa de ejecución de sentencia. Ello, con más los intereses recién precisados y las costas del juicio en ambas instancias (arts. 68 y 279 del Cód. Proc. Civil).

El señor Juez Dr. Francisco de las Carreras se adhiere al voto que antecede.

En mérito a la deliberación y a las conclu­siones que surgen del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia de fs. 178/182 En consecuencia, se hace lugar a la demanda por la suma de nueve mil tres­cientos setenta y tres pesos ($ 9.373), o bien la suma menor que resulte de las correcciones que surjan en la etapa de ejecución de la sen­tencia. Los intereses se liquidarán en la forma prevista en el punto 6 del Acuerdo y las costas de ambas instancias se imponen a la deman­dada vencida.

Se dejan sin efecto los honorarios regula­dos (art. 279, Cód. Proc. Civil), los que se de­berán fijar nuevamente en primera instancia cuando se encuentre precisado el monto de la condena. Posteriormente serán establecidos los que corresponden a la gestión profesional en la Alzada.

El señor Juez Dr. Martín Diego Farrell no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacio­nal).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.