"TRUEBA, PABLO C/ DIRECCIÓN

 GENERAL IMPOSITIVA"

                                                    C.S.J.N., Causa del 19/08/99

        Contrato de Ajuste: retribución "a la parte".

     Inconstitucionalidad de los Decretos

       2104/93, 433/94 y 1262/94.


1) Corresponde declarar la inconstitucio­nalidad de los Decretos 2104/93, 433/94 y 1262/94 (DT, 1994-A, 589; 1994-B, ¡800) que, fundándose en una aserción dogmática caren­te de fundamento y al solo efecto de una mejor distribución y recaudación fiscal, encuadraron en la categoría de trabajadores autónomos a trabajadores embarcados afectados a la pesca, so excusa de que eran retribuidos a la parte.

2)  El sistema de retribución "a la parte" es una forma de retribución de la pesca costera, que no hace variar la naturaleza de la relación de dependencia, existente entre trabajadores pesqueros y la empresa para la cual prestan servicios, ya que existe subordinación jurídica y económica, dirección y obediencia en la si­tuación de tales trabajadores.

3)  La asunción de un riesgo para poder co­brar no es incompatible con la legislación la­boral típica, ni con la pesca de altura, ya que la propia Ley de Contrato de Trabajo (DT, 1976-238) prevé distintas modalidades de re­muneración, una de las cuales se relaciona con el rendimiento obtenido y con la participa­ción en las utilidades.

4)  Los Decretos 2104/93, 433/94 y 1262/94 (DT, 1994-A, 589; 1994-B, 1800), al crear una categoría artificial de trabajadores autóno­mos, afectan las directivas de los arts. 16 y 17 de la Constitución, pues los trabajadores que se desempeñen en relación de dependencia de­ben estar sometidos al tratamiento provisional previsto para dicha categoría (Del dictamen del Procurador General que sigue la Corte).

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN:

I. Contra la resolución de la Cámara Fede­ral de Apelaciones de Mar del Plata que decla­ró la inconstitucionalidad de los arts. 11 inc. 5 y 13 del Decreto 2104, art. 1º del punto 2.e. del Decreto 433/94 y Decreto 1262/94 (DT, 1994-A, 589; 1994-B, 1800), interpuso recurso ex­traordinario la Dirección General Impositiva, que fue concedido a fs. 363.

La recurrente plantea la arbitrariedad del fallo, con base en que el tribunal habría exce­dido sus atribuciones al dictar una aclaratoria que modificó sustancialmente la sentencia, pues declaró la inconstitucionalidad de las dis­posiciones mencionadas y modificó la condena en costas.

Alega, por otro lado, que la vía de amparo elegida es improcedente para obtener el pro­nunciamiento de autos, porque no se agotó la instancia administrativa, ni se demostró la ine­ficacia de otras vías legales. Asimismo, obje­ta la denegación de la prueba informativa ofre­cida.

En cuanto a la declaración de inconstitucio­nalidad pronunciada por el a quo, sostiene que el Poder Ejecutivo dictó los decretos impugna­dos en ejercicio de facultades delegadas, en ra­zón de las dificultades existentes para el encuadramiento de la actividad de pesca costera con retribución "a la parte", a los efectos previsionales, ya que su ubicación en una u otra categoría está supeditada a que se considere que existe o no relación de dependencia. Se­ñala que con anterioridad a los decretos existía heterogeneidad de criterios sobre la materia y que la Res. 140/83 dejaba librada la categorización como trabajo autónomo o en relación de dependencia, a las circunstancias del caso, lo que motivó que durante su vigencia no me­diaran aportes jubilatorios. Añade que, por ese motivo, la legislación tuvo que establecer una calificación a los efectos previsionales sin in­miscuirse en el terreno del derecho laboral.

Afirma, a su vez, que la pauta que tuvieron en cuenta los decretos del Poder Ejecutivo pa­ra calificar la pesca costera como actividad au­tónoma, fue el sistema de retribución "a la par­te" que es de práctica en esa actividad. Se eva­luó —dice— en ese sentido, que al considerar­se la utilidad, lucro o beneficio obtenidos co­mo parámetro de la remuneración, ello implica la asunción del riesgo económico, que es alea­torio, característica que no puede tener el sala­rio de un dependiente.

II. A mi modo de ver, el recurso extraordi­nario es, en definitiva, procedente, porque se halla en discusión, en último término, la vali­dez constitucional de los decretos del Poder Ejecutivo impugnados, relativos a la materia previsional.

Sin embargo, previo al análisis de esa cues­tión, debo señalar que la apelante también ha introducido en su recurso varias cuestiones procesales, ajenas, en principio, a esta instan­cia, cuyo tratamiento, por ende, debe descar­tarse. En efecto, tiene dicho la Corte que es inadmisible el recurso extraordinario por el que se impugna una aclaratoria, pues por la na­turaleza procesal de esa cuestión, no es encuadrable por la vía del art. 14 de la Ley 48; má­xime cuando la materia ha sido resuelta con fundamentos suficientes que, al margen de su acierto o error, descartan la viabilidad de la ta­cha de arbitrariedad (Fallos: 308:1347, 1638, 1922,2188).

Dicha situación se presenta en el caso, toda vez que la aclaratoria dictada a pedido del actor, se limitó a sanear la omisión de pronuncia­miento con relación a las prestaciones deven­gadas por el período anterior a la vigencia del Decreto 701/97 (DT, 1997-B, 1670), mante­niendo la inconstitucionalidad ya propugnada en las consideraciones del fallo originario. El fallo principal había desarrollado extensamen­te los fundamentos por los cuales los jueces de la causa juzgaron que había sido bien declara­da por el a quo la inconstitucionalidad de los decretos aunque, finalmente, en la parte reso­lutoria, dispusieron que la cuestión devino abs­tracta al cobrar vigencia el Decreto 701/97 que dejó sin efecto el régimen anterior.

Esas razones de derecho adjetivo, además de no resultar adecuadamente controvertidas en la presentación en análisis, acuerdan, en mi opinión, suficiente sustento a la resolución ata­cada, que no resulta así descalificable en los términos de la doctrina de la arbitrariedad que invoca la apelante.

Del mismo modo, también encuentro inad­misible la tacha que se formula respecto a la improcedencia formal del amparo, que fue de­sestimada en virtud de la extemporaneidad del planteo, lo que remite —nuevamente— a cues­tiones de índole procesal, que ni siquiera fue­ron desvirtuadas por el apelante, quien se limi­ta a reiterar sus argumentos expuestos en la instancia anterior.

Por último, es jurisprudencia corriente de V.E. que lo atinente a la imposición de las cos­tas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa, y ajena al remedio federal (Fallos: 297:204; 301:252, 308:1076, 1917 y muchos otros).

III. En cuanto al fondo federal del asunto, coincido con la solución contenida en el pro­nunciamiento recurrido y con los fundamentos allí expuestos que, no han sido, según mi crite­rio, refutados con el rigor necesario en la pre­sentación en análisis.

El fallo sienta una premisa en la que finca el vicio de las normas impugnadas, y es que és­tas crearon una categorización previsional que contrasta con la naturaleza jurídica de la relación contractual a la que están referidas, al só­lo efecto de una mejor distribución y recauda­ción de estos recursos fiscales. La apelante no desvirtúa este extremo, lejos de ello, invoca las disposiciones de una ley relativa a los futbolis­tas —que no es del caso analizar— en la cual se habría consagrado el temperamento que de­fiende.

Los jueces de la causa han precisado que el sistema de retribución "a la parte" es una forma de retribución en la pesca costera, que no hace variar la naturaleza de la rela­ción, ni es óbice para considerar que existe relación de dependencia, porque hay subor­dinación jurídica y económica, dirección y obediencia.

Además, han destacado que el régimen de estos trabajadores está regulado en una convención colectiva, que establece —entre otros aspectos— que la remuneración debe abonarse del 1 al 10 de cada mes y que se aplica supletoriamente, en todo lo demás que no esté pactado, la Ley de Contrato de Trabajo (DT, 1976-238).

Por otra parte, cabe destacarlo, ese razo­namiento sigue la línea sustentada por V.E. al descalificar un fallo que había señalado que "la asunción de un riesgo para poder co­brar, no es compatible con la legislación labo­ral típica ni con la pesca de altura", porque tal apreciación prescindía de considerar que "la Ley de Contrato de Trabajo prevé distin­tas modalidades de remuneración, una de las cuales se relaciona precisamente con el ren­dimiento obtenido y con la participación en las utilidades (art. 104 y concs., Ley de Con­trato de Trabajo; art. 9 y sigtes., Convenio Colectivo de Trabajo 348/75)" (ver autos "Torres, Ramona el Luis Solimeno s/ Indem­nización por muerte" del 10 de agosto de 1995, t. 157, XXVIII, t. 118, XXVII La Ley, 1996-D, 876-38.936-S—).

Incluso, también debe ponderarse para evaluar la pretensión de la recurrente, que el mismo Poder Ejecutivo revirtió su posi­ción inicial dejando sin efecto las normas de los Decretos 2104/93, 433/94 y 1262/94 que encuadraban como autónomos a los trabajadores remunerados "a la parte", median­te el dictado del Dec. 701/97, que les asignó el tratamiento del trabajo en relación de de­pendencia.

Desde esa perspectiva, pienso que la ar­gumentación de la recurrente se presenta sólo como un desarrollo genérico de impug­naciones que omite, empero, el análisis de dichas cuestiones relevantes.

Las consideraciones vertidas para fun­damentar el carácter independiente de la actividad, resultan inconsistentes ante la re­visión del criterio legislativo del órgano de gobierno, en ejercicio de facultades delega­das. En tales condiciones, tampoco hallo justificado que la prueba informativa —de cuya desestimación se agravia— tuviera vir­tualidad para variar el resultado del pleito.

Sobre dicha base, estimo que ha sido co­rrecta la declaración de inconstitucionalidad de los decretos cuestionados, por cuan­to no es posible atribuirles una interpreta­ción compatible con la observancia del dere­cho de propiedad y de igualdad ante la ley (arts. 16 y 17, Constitución Nacional), a cu­yo tenor los trabajadores que se desempe­ñan en relación de dependencia deben estar sometidos al tratamiento previsional previs­to para esa categoría.

Opino, por lo expuesto, que V.E. debe con­firmar la resolución apelada. Agosto 18 de 1998. Nicolás E. Becerra.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1999.

Considerando:

Que la cuestión federal ha sido adecuada­mente tratada en el dictamen del Procurador General de la Nación, a cuyos fundamentos co­rresponde remitirse por razones de brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario concedido a fs. 363/363 vta., y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Julio S. Nazareno. Eduardo Moliné O'Connor. Carlos S. Fayt. Augusto C. Belluscio. Enrique S. Petracchi. Antonio Boggiano. — Gustavo A. Bossert. Adolfo R. Vázquez (según su voto).

 

Voto del doctor Vázquez:

Considerando:

 

I. Que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la decisión anterior —que hizo lugar a la acción de amparo promo­vida por Pablo F. M. Trueba y reputó inconsti­tucionales los Decretos 2104/93, 433/94 y 1264/94 en cuanto encuadraban la actividad de los trabajadores de la pesca costera con siste­ma de remuneración "a la parte" como activi­dad autónoma—.

    Añadió luego, que como al momento que celebró el acuerdo respectivo vinculado a estos autos, había cobrado vigencia lo dispuesto por  el decreto (1 Decreto 701/07 —que derogó en lo pertinente las mencionadas normas—, la cuestión debatida era abstracta.

   

     II. Que —a pedido de los amparistas— la decisión fue aclarada. El a quo determinó que cuestión como abstracta, lo era para la reclamación de los períodos posteriores a la sanción vigencia del Decreto 701/07 del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, que la inconstitucionalidad se reputaba en lo atinente a los lapsos abarcados por la vigencia de los arts. 11, 5, y 13 del Dec. 2104, 1º del punto 2.e. del  Dec 433/94 y la sustitución de tablas dispuesta por el Dec. 1264/94. Con respecto

 A las costas dispuso que debían imponerse a la perdidosa de conformidad con lo normado por el art. 68 del Código ritual.

    III. Que la Dirección General Impositiva interpuso recursos extraordinarios. El de fs. 298/322 contra la sentencia que luce a fs. 250/261 y el de fs. 271/297 en respuesta a la aclaratoria de fs. 269. Este último fue concedido a  fs. 363.

 

    IV. Que el recurrente reclama la apertura remedio federal con los siguientes argumentos. I.  la sentencia vulnera el sistema de reparto imperante  en el régimen previsíonal de  nuestro país e incide en la renta pública, afectando el  desarrollo de la política económica del  Estado. II.  el criterio del a quo repercute en el sistema jubilatorio en su conjunto causando una crisis que provoca gravedad institucional; III. la acción de amparo es improcedente por tratarse de una vía excepcional y existir el pro­cedimiento de la Ley 18.820 (DT, 1970-739), además de no haber sido demostrada la exis­tencia de un gravamen serio e insusceptible de reparación ulterior; IV. se omitió el tratamien­to de la prueba informativa que dedujo; V. se trataba de una normativa que es materia de conflicto desde antaño por lo que el decreto fue dictado en ejercicio de las facultades cons­titucionales que tiene el Poder Ejecutivo Na­cional; VI. no correspondía que se le impusie­ran las costas; VII. se presenta una cuestión fe­deral compleja y directa, porque se plantea un conflicto de la Constitución Nacional con nor­mas infraconstitucionales.


 


 


V.  Que esta Corte ha sostenido que la cir­cunstancia de que la decisión del tribunal de la causa haya sido completada a raíz de recursos de aclaratoria, lleva a afirmar que los pronun­ciamientos recaídos en éstos integran la sen­tencia definitiva de la causa en los términos del art. 14 de la Ley 48 (Fallos: 304:1953).

VI.   Que sentado lo expuesto, se advierte que sólo el último de los fundamentos vertidos por el recurrente en su recurso extraordinario suscita cuestión federal suficiente, por cuanto se halla en juego la constitucionalidad de los arts. 11, inc. 5 y 13 del Decreto 2104/94, 1º del punto 2.e del Decreto 433/94 así como la sus­titución de tablas dispuesta por el Decreto 1264/94 y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria a su vali­dez. Debe puntualizarse que, en la tarea de fi­jar el alcance de normas federales, esta Corte no se encuentra limitada por los argumentos de las partes ni por los aportados por el a quo (doctrina de Fallos: 308:647; 312:2254).

  

     VII. Que la normativa citada en el conside­rando precedente, vulneró los derechos labora­les y de la seguridad social del actor consagra­dos en el art. 14 bis de la Constitución Nacio­nal; las leyes laborales y de la seguridad social dictadas por el Congreso Nacional (art. 75 inc. 12, Constitución Nacional), el derecho de pro­piedad (art. 17, Constitución Nacional) y el de igualdad —como base del impuesto y cargas públicas— (art. 16, Constitución Nacional).

    VIII. Que ello es así porque encuadró en la categoría de autónomos a los trabajadores em­barcados afectados a la pesca, fundándose en una aserción dogmática carente de sustento.

Nótese que, de los términos del Decreto 2104/94, puede extraerse que el criterio que se tuvo en cuenta para considerarlos independien­tes, fue que la percepción de sus ingresos se realiza por medio del sistema denominado "a la parte", lo que implicó desconocer por un la­do, lo sostenido por esta Corte, en punto a que la ley de contrato de trabajo prevé distintas modalidades de retribución, una de las cuales se relaciona precisamente con el rendimiento obtenido y con la participación en las utilida­des (arts. 104 y concs., Ley de Contrato de Tra­bajo; art. 91 y sigtes., Convenio Colectivo de Trabajo 348/75) (Fallos: 318:1422); y por el otro, el desarrollo histórico y normativo de la actividad, del que surge con nitidez que entre las partes de la relación analizada, existe "su­bordinación jurídica", caracterizada como una derivación del trabajo "dirigido", consistente en la posibilidad que tienen los propietarios y/o armadores del buque, de ejercer el poder de dirección y los poderes disciplinarios en caso de incumplimiento de quienes realizaron tareas de "pesca costera".

Con relación a esto último, resulta oportu­no traer a la memoria la Ley 16.593 (DT, 1964-619), que en su art. 2o disponía que "el contra­to por el cual una sociedad se obligue a la prestación de servicios o tareas típicas de una relación de trabajo por parte de sus integran­tes, a favor de un tercero, en forma permanen­te y exclusiva, será considerado contrato de trabajo por equipo y cada uno de sus integran­tes, trabajador dependiente del tercero a quien hubiera prestado efectivamente los mismos".

Asimismo, los posteriores convenios colec­tivos 349/73, 350/73 y 351/73, que surgieron luego de una resolución dictada por la Direc­ción Nacional de Inspección del Trabajo de fecha 10 de octubre de 1973, que establecía que "A los efectos del eventual ejercicio del poder de policía laboral previsto en el art. 17 de la Ley 20.524 (DT, 1973-747), considérase como trabajadores en relación de dependencia al personal que presta servicios en los buques o artefactos navales dedicados a la pesca de al­tura, media altura y costera ".

Es menester agregar que la normativa antes reseñada, fue renovada con posterioridad por el Convenio Colectivo de Trabajo 348/75, que se refiere a los derechos y obligaciones del ma­rinero y patrón y/o armador (art. 14 y sigtes.) y determina que lo que no está contemplado en esa convención de trabajo, se regirá por las le­yes laborales vigentes (art. 45).

En otro orden de ideas, cuadra resaltar que los arts. 121, 130, 137, 138 y 139 del Decreto Ley 20.094 de navegación, establecen los de­beres y obligaciones impuestos por las normas legales vigentes a los hombres de mar, debien­do incluirse a los trabajadores remunerados "a la parte" entre éstos.

A modo de ejemplo, cabe citar: obedecer las órdenes del servicio impartidas por los su­periores jerárquicos, aceptar tareas que aqué­llos asignen cuando son acordes con su jerar­quía, etcétera.

El convenio 114 de la Organización Inter­nacional del Trabajo relativo al contrato de en­rolamiento de los pescadores, también resulta destacable, ya que en su art. 61, al fijar los da­tos que debe contener, puntualiza "el importe del salario del pescador, o si fuere remunera­do a la parte, el importe de su participación y el método adoptado para el cálculo de la mis­ma..." (inc. h).

IX. Que, por último, se advierte que esta interpretación es concordante con la efectuada en el Decreto 701/97 —actualmente en vigen­cia—, dado que derogó los puntos de los de­cretos que motivaron el presente amparo.

Por ello, y lo dictaminado en sentido con­cordante por el Procurador General de la Na­ción, se declara admisible el recurso extraordi­nario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Adolfo R. Vázquez.