"CÍA.ARG. DE SEGUROS VISIÓN S. A.

c/ PANALPINA INC. Y OTRO"

SALA III, CAUSA 20/98, DEL 09/05/02.

Transporte Aéreo de Mercaderías: Ley Aplicable:

El Convenio vigente.  Si se quisiera aplicar otro por

vía convencional: debe planteárselo y probarlo claramente.

Protesta: No la suple el Acta aduanera

no firmada por el transportista.

Transporte Aéreo. Régimen legal aplica­ble. Prueba de la sujeción del contrato a una normativa que le es ajena. Protesta. Casos en que resulta suplida.

1)  Si se trata de probar la sujeción del con­trato de transporte aéreo a una normativa que como principio le es ajena, corresponde que el tema forme parte de la litis o relación proce­sal.

2)  La protesta no se suple con el acta de re­visación aduanera o la practicada por el depo­sitario, sino con la revisación conjunta reali­zada en tiempo propio o con el reconocimien­to del daño y la responsabilidad efectuados también temporáneamente.

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo de 2002, reunidos en Acuerdo los Jueces de la Sala III de esta Cámara para dictar sen­tencia en los autos mencionados en el epígrafe, y de conformidad con el orden del sorteo efec­tuado, el Juez Eduardo Vocos Conesa, dijo:

I.- Panalpina Inc. contrató el transporte de equipos de computación desde Texas, Estados Unidos de Norteamérica, hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (guía madre 305.2034.7530 e hija 639376), consignados a la firma Stylus; transporte que de hecho fue cumplido por la empresa Tower Air en el viaje que concluyó el 31 de enero de 1996. Al in­greso de los bultos a los depósitos de Edcadassa sólo medió observación respecto del peso

(en vez de los 991,50 kgs. declarados alcanza­ban a 753 kgs.), lo que motivó que se solicita­ra un reconocimiento pericial del cargamento, llevado a cabo el 26 de febrero del mismo año (cfr. fs. 27 y 28/30).

Determinada por el perito Silva Goyeneche la existencia de faltantes atribuibles al trans­portista aéreo (y un daño adicional imputable al depositario), Compañía Argentina de Segu­ros Visión S. A. indemnizó al consignatario y, subrogándose en sus derechos por el mérito del pago (art. 80, Ley 17.418), promovió demanda de recupero contra ambas empresas aéreas por cobro de U$S 48.123, intereses y costas (cfr. escritos de fs. 9/11 y ampliación de fs. 48/49). Al progreso de esas pretensiones se opusieron Panalpina Transportes Mundiales S. A. (repre­sentante de Panalpina Inc.) y Tower Air Cargo en sus respondes de fs. 67/69 y fs. 76/78, res­pectivamente, oponiendo —entre otras defen­sas— la falta de la protesta que prevé el art. 26 de la Convención de Varsovia de 1929 (Ley 14.111) y el límite de responsabilidad contem­plado en el art. 22 del citado ordenamiento in­ternacional).

II.- El Señor Magistrado de la primera ins­tancia, en el fallo de fs. 257/259, resolvió ante todo que el plazo de caducidad para efectuar la protesta era, en el caso, de siete días, toda vez que al no haber Estados Unidos de Norteamé­rica ratificado el Protocolo de La Haya de 1955, regía el art. 26 de la Convención de Var­sovia de 1929 (Ley 14.111).

Tras ello, el "a quo" juzgó que el acta de recepción con daños emitida por los depósitos fiscales no reemplazaba a la "protesta", como tampoco era eficaz a ese efecto la revisación del material —del 13 de febrero de 1996— realizada por el depositario. Y considerando que las notas de fs. 31/32, dirigidas por el con­tratista aéreo al transportista de hecho fueron enviadas una vez vencido el plazo de siete días del mencionado art. 26 —contado desde el re­tiro de la guía aérea el 1 de febrero de 1996 (peritaje contable, fs. 233/234)— y no podían ser interpretadas como una renuncia a la situa­ción jurídica ganada (art. 874 del Código Ci­vil), el Señor Juez admitió la defensa de falta de protesta y decidió, en consecuencia, el re­chazo de la demanda, con costas.

III.- Apeló la accionante a fs. 261 y expre­só agravios a fs. 283/285, contestados por Pa-nalpina a fs. 288/289 vta. y por Tower Air Car­go a fs. 290. Median, además, recursos vincu­lados con las regulaciones de honorarios (cfr. fs. 261 otrosí, 266, 268 y 271 —el de fs. 273 fue desestimado por extemporáneo a fs. 279—), los que serán examinados por la Sala en con­junto a la finalización del presente acuerdo.

IV.- Sostiene la actora que el fallo apelado es erróneo, toda vez que el plazo para realizar la "protesta" era de 14 días y no de 7 días, co­mo fue decidido por el "a quo"; ello así, por cuanto en la nota dirigida por Panalpina — transportista contractual— a Tower Air Cargo —transportista efectivo—, recibida por esta última el 15 de febrero de 1996 (recuérdese que la guía aérea fue entregada el 1 de febrero de 1996), la primera le hace llegar su protesta y la responsabiliza por los daños "en un todo de acuerdo a las normas establecidas en el Có­digo Aeronáutico (Ley 17.285) en la Conven­ción de Varsovia de 1929 (Ley 14.111) y Proto­colo de La Haya (Ley 17.386)... " (cfr. fs. 31).

De los términos de esa nota deduce la recu­rrente que puede colegirse cuál era la legisla­ción aplicable acordada entre ambos transpor­tistas, por lo que resulta equivocada la conclu sión acerca de la extemporaneidad de la pro­testa por haber sido formulada vencidos los siete días que establece la Convención de Var­sovia de 1929, en su art. 26.

V.- Aun cuando sea exacto que en la nota emitida por el representante local de la trans­portista Panalpina se mencionan los tres orde­namientos legales aludidos (Código Aeronáu­tico, Tratado de Varsovia de 1929 y el Protoco­lo de La Haya de 1955), como puede verse en el texto de fs. 31 (reconocido en su autentici­dad a fs. 139), de ello no se deriva sin más, en las circunstancias particulares del caso, que sea aplicable el Protocolo de La Haya de 1955 (Ley 17.386).

Cabe señalar, por lo pronto, que tratándose de un transporte aéreo desde los Estados Uni­dos de Norteamérica a la República Argentina, el Protocolo de La Haya de 1955 no se aplica —como principio— por cuanto no fue ratifica­do por el país del norte (cfr. mi voto en la Sala II, causa 2281, "La Aseguradora Río de la Pla­ta Cía. de Seg. c/ Avión Vuelo 700/17 s/ Cobro de pesos", del 28 de octubre de 1983), quedan­do asimismo desplazada la normativa de nues­tro Código Aeronáutico por la propia de la Convención de Varsovia de 1929. Advierto, en ese sentido, que las partes parecen coincidir con tal solución, con la salvedad que seguida­mente anoto.

Si bien el Protocolo de La Haya de 1955 no es directamente aplicable a un transporte aéreo desde Estados Unidos de Norteamérica hasta la República Argentina —por no ser legisla­ción común para ambos—, si podría ser some­tido un contrato de transporte aéreo entre esos puntos de origen y destino al sistema normati­vo del Protocolo de La Haya de 1955 por acuerdo de las partes. En tal supuesto, a quien pretenda o sostenga que el transporte en examen fue bilateralmente ajustado a dicho Protocoló, le incumbe acreditarlo, como le incumbiría acreditar la existencia de cualquier cláusula contractual de la que se derivara alguna situación jurídica que lo beneficiara.

Es así que la demandante arguye que la no­ta de fs. 31 implica un claro reconocimiento del transportista contractual de que, en el su­puesto sub examen, regía el Protocolo de La Haya de 1955.

A mi juicio, tratándose de probar un extre­mo de carácter excepcional —como es la suje­ción de un contrato a una normativa que como principio le es ajena— corresponde exigir, por un lado, que el tema de la vigencia de esa nor­mativa en el caso forme parte de la litis o rela­ción procesal, a fin de permitir a las contrarias un adecuado ejercicio del derecho constitucio­nal de la defensa en juicio (arts. 34, inc. 4o y 163, inc. 6o del Código Procesal; véase mi vo­to en el plenario "Insignia Cía. de Seguros c/ Martín Manuel y otros", del 12 de mayo de 1978, que recibió la adhesión unánime de mis distinguidos colegas de entonces) y, por otra parte, que el apuntado extremo sea objeto de prueba fehaciente, que no deje lugar a dudas ni ambigüedades en cuanto al régimen jurídico vigente.

En la especie, y dada la versación de los le­trados de la actora en estas materias de trans­portes marítimos y aeronáuticos, no podían ciertamente ignorar que el traslado de autos se regía, como principio, por los términos de la Convención de Varsovia de 1929. Y si preten­dían afirmar, como lo hacen en alzada, que ha­bíase convenido la sujeción del contrato al Pro­tocolo de La Haya en 1955, el tema debió ser claramente articulado en la demanda y por cier­to no lo fue. Más todavía, a lo largo de la pri­mera instancia se presentaron diversas ocasio­nes para afirmar dicha tesis, mas tampoco fue propuesta el "a quo" ni al ser adjuntadas las notas de fs. 31/32, ni al pedir el reconocimien­to de su autenticidad (obtenido a fs. 139), ni al contestar la defensa planteada por las acciona­das (cfr. respuesta de fs. 82/83) ni tampoco en oportunidad del alegato (véase fs. 248/252).

En esas condiciones, no habiéndose expre­sado en la demanda que el transporte de autos fue sometido por las partes al régimen del Pro­tocolo de La Haya de 1955, su proposición ac­tual comporta reflexión tardía que obsta a su tratamiento (arts. 271 y 277 del Código Proce­sal y 34, inc. 4o y 163, inc. 6o del mismo Códi­go; cfr., asimismo, lo que expuse al votar la causa 9220/92, "La Meridional Cía. Argentina de Seguros c/ Iberia Líneas Aéreas de España y otros", del 8 de julio de 1997, Doctrina Judi­cial del 22 de julio de 1998, fallo 13.123).

Añadiré, sólo por abundar, que a fs. 172 vta. constan las condiciones generales del transporte aéreo que realiza Panalpina, y aun­que la validez de sus cláusulas pueda ser obje­to de discusión —al menos en parte—, lo que interesa es destacar que no hay en esas condi­ciones generales la más mínima mención al Protocolo de La Haya de 1955.

Siendo así las cosas, y toda vez que la "pro­testa" no se suple con el acta de revisación aduanera o la practicada por el depositario, si­no con la revisación conjunta realizada en tiempo propio (siete días en el caso —art. 26, Varsovia 1929—) o con el reconocimiento del daño y la responsabilidad efectuados también temporáneamente, corresponde concluir en que la sentencia apelada se ajusta a derecho (cfr. causas 56.678/95 del 29 de agosto de 1996 y las allí citadas, de Sala II).

Voto, pues, por la confirmación del fallo apelado, con costas a la actora vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Los Señores Jueces Francisco de las Carre­ras y Martín D. Farrell adhieren al voto que an­tecede.