"SULFACID S.A.I.C.I.F.c/ BUQUE «RÍO BRAVO»"

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DEL 16/06/88 Y DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DEL 26/06/87.

Responsabilidad del Armador: Los arts. 174 y ss. no consagran un sistema de responsabilidad objetivo.


En el N° 4 de la Revista, en su pág. 31, publi­camos el Fallo de Sala III que motivó Recurso Extraordinario a raíz del cual se dictó el Fallo que se publica en el presente.

Transporte Marítimo. Responsabilidad del Armador. Ley de la Navegación. Teoría del riesgo creado.

1) De los arts. 174, 175, 177 y 181 de la Ley de la Navegación no se infiere que se haya con­sagrado el principio de responsabilidad sin cul­pa del armador, es decir, una responsabilidad objetiva basada en la teoría del riesgo creado.

2) Corresponde dejar sin efecto la sentencia que omite ponderar las ampliaciones de los pe­ritajes en las que se efectuaron consideraciones de importancia para la dilucidación de la litis (disidencia de los Dres. Fayt y Bacqué).

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA SUPREMA CORTE:

I.- Se interpone recurso extraordinario con­tra la sentencia de fs. 672/676 en cuanto rechazó la demanda de daños y perjuicios que se promo­vió en autos.

Afirma el apelante que el fallo interpreta erróneamente el art. 174 de la Ley N° 20.094 ya que éste y, en especial, sus concordantes arts. 175, 177 y 181 no excluyen que el propietario, armador y el capitán de un buque respondan, aun cuando no tengan culpa, en caso de daños causados por el navio a terceros. Agrega que el pronunciamiento es arbitrario y que lesiona lo


establecido en los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional.

II.- La apelante no discrepa con la afirma­ción del "a quo" en el sentido de que la causa de­be resolverse aplicando los principios consagra­dos en la Ley de la Navegación en lo concer­niente a la responsabilidad por los daños sufri­dos en el muelle de embarque de la actora (fs. 673 vta./674).

Por otra parte, tal conclusión encuentra apo­yo en lo determinado por el art. 1° de dicho cuer­po normativo, que expresa que todas las relacio­nes jurídicas originadas en la navegación por agua se rigen por sus normas, por las de las le­yes y reglamentos complementarios y por los usos y costumbres, y que sólo se aplicará el de­recho común a falta de disposiciones de derecho de la navegación y en cuanto no se pudiere recu­rrir a la analogía.

De acuerdo a ello, coincido con la Cámara en cuanto sostuvo que para declarar responsable a la demanda por los daños era menester probar la culpa indirecta o refleja del armador en los he­chos que les dieron origen, demostrando funda­mentalmente la culpa del capitán de la tripula­ción (fs. 674 vta.).

Es que no se advierte que las normas invoca­das por la recurrente permitan inferir que se ha consagrado el principio de responsabilidad sin culpa del armador, es decir, una responsabilidad objetiva basada en la teoría del riesgo creado.

Por el contrario, el art. 174 citado sienta co­mo principio general la responsabilidad del ar­mador por las obligaciones contractuales con traídas por el capitán en todo lo relativo al buque y a la expedición, y por las indemnizaciones a favor de terceros a que haya dado lugar por he­cho suyo o de los tripulantes.

Por su parte, las normas restantes reglan aquellos casos en los que el armador puede limi­tar su responsabilidad al valor allí establecido salvo caso de culpa propia con relación a los he­chos que den origen al crédito reclamado (art. 175), o la de sus dependientes de la empresa te­rrestre en los casos del art. 177, inc. "c").

A su vez, el art. 181 extiende la posibilidad de invocar la limitación de responsabilidad en las condiciones allí fijadas al propietario del bu­que y al transportador —cuando sean una perso­na o entidad distinta del armador— y a sus de­pendientes o los del armador y al capitán y miembros de la tripulación en las acciones ejer­cidas contra ellos. Ninguna de estas disposicio­nes contradice el principio general determinado por el art. 174. Es por ello que entiendo que en lo que al punto respecta, corresponde confirmar el pronunciamiento.

III.- La Cámara expresó que para declarar responsable a la demandada era necesario pro­bar la culpa refleja o indirecta del armador y, fundamentalmente, la culpa del capitán o de la tripulación (fs. 674 vta.). Entendió el tribunal que da las probanzas aportadas a la causa, y principalmente de los dictámenes de los peritos naval y consultor, no surgía elemento alguno que permitiera inferir esa culpa.

Sin embargo, el "a quo", al referirse a los peritajes, no mencionó las ampliaciones que de éstos se hicieron a fs. 560/561, 563/564, a pesar de que en ella se efectuaron consideraciones de importancia para la dilucidación de la litis.

Esta omisión en examinar prueba conducen­te para la decisión del litigio, más allá de que el resultado de la valoración que se realice en su oportunidad ratifique o modifique las conclusio­nes del tribunal, permite atribuir arbitrariedad al decisorio, que, en este aspecto, lesiona las ga­rantías constitucionales invocadas por el recu­rrente al respecto.

Por lo expuesto, y con el alcance indicado, y sin que ello signifique abrir juicio sobre la solu-


ción que corresponda otorgar a la litis, opino que corresponde declarar procedente el recurso ex­traordinario de fs. 684/693 y dejar sin efecto el pronunciamiento atacado y ordenar se dicte uno nuevo con arreglo a derecho.

Buenos Aires, 26 de junio de 1987. Juan Oc­tavio Gauna.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Buenos Aires, 16 de junio de 1988.

Vistos los autos: "Sulfacid S.A.I.C.I.F. c/ Cap. y/o Arm. y/o Prop. Bq. «Río Bravo» y otros s/ Cobro de pesos".

Considerando: Que, en cuanto a la interpre­tación de las normas de la Ley de la Navegación aplicables al caso, esta Corte comparte los fun­damentos y conclusiones del precedente dicta­men del señor Procurador General.

Que, en lo demás, no se advierte un caso de arbitrariedad que justifique su intervención en materias que, según el art. 14 de la Ley 48, son ajenas a su competencia extraordinaria.

Por ello, se confirma la sentencia recurrida en cuanto pudo ser materia del recurso extraor­dinario, y se declara la improcedencia de éste en lo demás. Con costas.

José Severo Caballero — Augusto César Be-lluscio — Carlos S. Fayt (en disidencia) — En­rique Santiago Petracchi-— Jorge Antonio Bac-qué (en disidencia).

DISIDENCIA DE LOS

SEÑORES MINISTROS

DOCTORES DON CARLOS S. FAYT

Y DON JORGE ANTONIO BACQUÉ

Considerando: Que los agravios del apelante reciben adecuado tratamiento en los términos del dictamen del Señor Procurador General, a los que esta Corte se remite y da por reproduci­dos en razón de brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso ex­traordinario interpuesto y se deja sin efecto par­cialmente la sentencia apelada con el alcance expuesto. Vuelvan los autos al tribunal de ori­gen para que, por quien corresponda, dicte una nueva. Fdo.: Carlos S. Fayt — Jorge A. Bacqué.